El alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, asegura en un comunicado que defenderá a los placeros “de ser desahuciados” porque la ley les permite seguir 10 años con sus puestos concedidos por otros alcaldes, “una de tantas concesiones de Araúxo”. Según Ferreira, no se adjudicó ningún puesto, sólo se permitió seguir por 10 años más a los placeros que estaban de alquiler antes del 2013, “tal y como recoge el Reglamento Municipal de Mercados de ese año”.
El alcalde afirma que además en la actualidad son ocho los puestos vacíos que saldrían a licitación pública, y cada placero no podría disponer de más de dos por persona, como indica el Reglamento de Mercados, “por lo que la posibilidad de ocuparlos con nuevos licitadores no era un obstáculo para quien quiso concurrir al procedimiento”.
“Lamento que Araúxo promueva el desahucio de los placeros que muchos llevan ahí pagando un alquiler y todos sus impuestos desde hace más de 30 años, algunos a las puertas de su jubilación. Pero lo más grave, que muchos de esos placeros están ahí de alquiler en locales cedidos por resolución del propio Araúxo, sin ninguna base jurídica, entre el 2007 y 2009, periodo en el que por desgracia lo hicimos alcalde, ahí se ve la doble moral y lo escrupuloso que es Araúxo con la ley, dependiendo de si está en el gobierno o en la oposición como ahora”, añade Ferreira.
El regidor de Gondomar considera que está siendo sometido a una “persecución” por “haber aplicado la normativa municipal del 2013, aprobada por unanimidad por el Pleno de la Corporación en ese año, bajo el gobierno anterior y que actualmente compartimos todas las fuerzas políticas, a excepción de Manifesto Miñor”.
“Como no les convence el fallo de la sentencia en vía contenciosa, ahora se van a la vía penal contra los concejales que votaron a favor de suspender el proceso de licitación en la Junta de Gobierno del 6 de marzo del 2018, en aplicación del Reglamento de Mercados, que es favorable a los placeros que estaban de alquiler en la plaza antes del 2013. Ante estas acusaciones, yo confío plenamente en la justicia y creo que la actuación llevada a cabo fue escrupulosamente en aplicación de la normativa vigente de mercados, vigente desde el 2013”, concluye Ferreira.
