Carmela Silva pide que la provincia sea declarada zona afectada gravemente por una emergencia

FOTO: DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA // Carmela Silva.

La Presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, anunció hoy en rueda de prensa que este martes, en la reunión convocada por la delegación del Gobierno, pedirá que Galicia (y la provincia de Pontevedra, particularmente) sea declarada cómo «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil», tal como aparece recogido en la ley 17/2015 del sistema nacional de protección civil que fue aprobada, recordó Carmela Silva, «en julio de 2015, por el actual Gobierno estatal, a pesar de que en ningún momento se informó claramente de esta posibilidad ni tampoco la Xunta de Galicia la puso encima de la mesa, cosa por la que me siento absolutamente sorprendida».

Carmela Silva recordó que, tal como indica esta ley, «las situaciones ante las que el estado tiene que actuar claramente, entre otras, son los incendios forestales» y que el procedimiento para que Galicia y la provincia de Pontevedra sean declaradas como una zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil es «muy fácil». De este modo, señaló la Presidenta, «sólo exige un acuerdo del Consejo de Ministros y Ministras, a petición de quien tenga la cartera de Hacienda y Administraciones Públicas o, en su caso, de los demás ministerios concernidos, como en este caso podría ser el de Medio Ambiente, a pesar de que también lo pueden solicitar las administraciones concernidas, esto es, la Xunta de Galicia. Por eso mi sorpresa porque, ocho días después de esta catástrofe, la Xunta ni habla de esta ley ni habla de que vaya a pedir esta declaración, cosa que llama a la atención». De hecho, aseguró la Presidenta provincial, «en esta reunión no solamente voy a pedir la aplicación de esta ley en el próximo Consejo, de manera inmediata, sino que también voy a preguntar por que no se puso en marcha hasta este momento».

De este modo, Carmela Silva también explicó que «en esta ley se establece claramente que las emergencias de protección civil son las situaciones de riesgo colectivo sobrevenidas por un evento que ponen en peligro inminente a personas o bienes y que exigen una gestión rápida por parte de los poderes públicos para atenderlas y mitigar los daños, tratando de evitar que se conviertan en catástrofes, como son los incendios forestales» y que, entre otras cuestiones, se deben «adoptar medidas de recuperación para restablecer las infraestructuras y los servicios esenciales y paliar los daños derivados de la emergencia».

Una vez declarada la zona gravemente afectada, las medidas aplicables incluyen «ayudas económicas a particulares por daños en la vivienda habitual y bienes de primera necesidad o compensaciones a administraciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables», explicó la Presidenta provincial. Respecto a este último, Carmela Silva señaló que «hoy nos encontramos con que el alcalde de As Neves necesita un apoyo urgente de ingeniería, arquitectura y abogacía porque la villa está en una situación de extrema gravedad». Además, la ley también establece «ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios», a lo que Carmela Silva recordó que se vieron «afectadas naves, empresas y muchas personas autónomas», así como «ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina, que en nuestra provincia fueron gravísimos». Todas estas medidas, aseguró la Presidenta, «son directas, sólo hay que declarar la zona gravemente afectada para que se apliquen de manera inmediata. ¿Como es posible que nadie lo solicitara?».

A mayores, la ley también establece el papel de las administraciones locales, entre las que se encuentra la Diputación de Pontevedra, tras esta declaración, concretamente en el artículo 25 sobre seguimiento y coordinación. «Para la coordinación y seguimiento de las medidas el Estado constituirá una comisión de coordinación integrada por representantes de las administraciones, tanto estatal, autonómica como locales afectadas, por lo que entiendo que el objetivo de la reunión es crear esa comisión», aseguró Carmela Silva, que volvió a recordar que «toda Galicia debe ser declarada zona gravemente afectada, promovida por el Gobierno de facto o por solicitud de la Xunta de Galicia, para que se apliquen todas estas medidas que ya están contempladas en la ley».

La presidenta de la Diputación de Pontevedra remitió hoy una carta a los alcaldes y alcaldesas de los ayuntamientos afectados «para que conozcan la propuesta que presentaremos en la reunión y llevar también su voz ya que, incomprensiblemente, no fueron invitados».

Carmela Silva aseguró que «voy a reclamar que nos pongamos muy en serio, ya que necesitamos una estrategia nacional de lucha contra los fuegos». La Presidenta afirmó que «es urgente que se ponga en marcha y las cosas no se pueden hacer por la puerta de atrás poniendo medidas en las leyes de acompañamiento». De este modo, reclamó que «se convoque a todas las comunidades autónomas, lideradas del Estado, y también a la administración local a través de la FEGAMP más a la comunidad científica, para establecer de verdad esta estrategia, dentro de otra estrategia en la que también se formule la recuperación de la ley de desarrollo rural de 2008 que está metida en un cajón y que contemplaba muchas cuestiones relativas a uno de los problemas relacionados con los incendios forestales: el abandono del monte en consecuencia de la desertización del rural». Carmela Silva explicó que «la ley del sistema de protección civil habla de anticipación a los problemas que se pueden crear derivados del cambio climático o del abandono de los montes, habla de prevención y habla de coordinación». «Con la estrategia estatal de lucha contra los fuegos acordada por el Gobierno, las comunidades, la administración local y la comunidad científica debemos de verdad tener una respuesta que nos permita contar con todos los instrumentos que puedan hacer frente a este grave problema, ya que si no hacemos nada los incendios serán una realidad que no se podrá evitar».

Carmela Silva recordó, una vez más, que las competencias en incendios forestales «no corresponden a las diputaciones y a los ayuntamientos, sino que tanto en la Constitución española como en el Estatuto de autonomía de Galicia viene establecido que son tanto el Estado como la Xunta en quien recaen estas cuestiones», al igual que en las cuestiones relacionadas con la protección del medio ambiente y la política forestal. «De hecho, a las corporaciones locales sólo les corresponde la administración de los montes de su titularidad, cosa que en Galicia montes de titularidad municipal apenas hay ya que o es privado o mancomunado. Queda claro de quién son las competencias, y en esta reunión también se lo voy a recordar».

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