El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo viene de emitir dos sentencias que dan la razón al Concello de O Porriño frente al Concello de Vigo en el conflicto por los costes asociados al embalse de Eiras. “La justicia confirma que Vigo no podía modificar ni imponer unilateralmente los importes que pretendía cobrarnos, por eso anula el acuerdo plenario de 2023 y, consecuentemente las liquidaciones que fueron derivadas de él”, explica el alcalde Alejandro Lorenzo.
Así, la primera de las resoluciones anula el acuerdo plenario adoptado por el Concello de Vigo el 29 de marzo de 2023, en el que Vigo modificaba, de manera unilateral, los importes que debía asumir O Porriño en función del antiguo acuerdo del 27 de enero de 1998, el cual también había sido determinado unilateralmente. Aquel acuerdo de 1998 establecía una participación en los costes de mantenimiento y, sobre todo, el pago vinculado a la construcción del canal, que quedó totalmente amortizado en el año 2023. Llegado ese momento, Vigo decidió actualizar los costes y establecer un nuevo canon de mantenimiento, pero lo hizo sin negociación, sin justificación suficiente y sin competencia para imponerlo unilateralmente, tal y como ahora confirma la justicia.
La segunda sentencia declara que, al quedar anulado el acuerdo plenario de 2023, también quedan anuladas consecuentemente todas las liquidaciones bimensuales derivadas de él, que Vigo le había reclamado al Concello de O Porriño durante el año 2023. En total, son casi 150.000 euros en conceptos que no estaban acreditados y que Vigo pretendía cobrar sin base legal válida.
El alcalde de O Porriño destacó que “el Concello pagará siempre lo que le corresponda, pero no lo que Vigo decida e imponga por su cuenta”, recordando que “O Porriño no tiene que pagar por el suministro de agua, pues para eso ya tiene una concesión otorgada en el año 1962 por el Ministerio de Obras Públicas, sino por el mantenimiento de las infraestructuras de captación y conducción y siempre conforme a la ley y a los acuerdos vigentes”.
Lorenzo señala también que el Concello de O Porriño lleva tiempo ofreciéndose a sentarse y negociar los posibles pagos, ante lo cual nunca obtuvo respuesta por parte del ayuntamiento vigués, una disposición al diálogo que el propio magistrado recoge también en la sentencia. En él se exhorta a las partes a “sentar adecuadamente, con solidez, los cimientos de esta relación jurídica que indudablemente las vincula”, evitando así “una cascada litigiosa” como la vivida en los últimos años. El juez sostiene que “sería óptimo que abandonaran la unilateralidad en la determinación de la aportación, que ambas partes se reunieran y examinaran la cuestión, despejando aspectos como los gastos de mantenimiento de la presa de Eiras”. También indica que Vigo debe actuar con “auténtica transparencia” y poner a disposición de O Porriño la documentación detallada de los gastos reales que genera el mantenimiento y conservación de esta infraestructura.
Sin duda, ambas sentencias son una buena noticia para O Porriño y para los intereses de los vecinos. “Seguiremos defendiendo lo que es justo y garantizando una gestión responsable de los recursos públicos”, concluye Alejandro Lorenzo quien, a su vez, remarca el hecho de que “en la propia sentencia se ratifique lo que ya venimos pidiendo desde hace tiempo, la necesidad de la existencia de un entendimiento entre administraciones”.
