“El Partido Popular tiene un problema de violencia en el mundo local”. Así lo afirma el secretario general del PSdeG-PSOE de la provincia de Pontevedra, David Regades, después de conocer la sentencia por la que se condena al representante del PP en la Entidad Local Menor de Morgadáns por agredir a un funcionario del Ayuntamiento de Gondomar durante la precampaña de las últimas Elecciones Generales.
Regades reclama al presidente del PP de Galicia, Alfonso Rueda, el cese fulminante del agresor, Juan Carlos Alonso Esmerode, pues “la violencia, en cualquiera de sus expresiones, y la política son absolutamente incompatibles. Más aún en este caso en el que hablamos de violencia física del miembro del PP a un funcionario del Ayuntamiento de Gondomar”.
El secretario general socialista recuerda que aún está fresca la agresión en el propio pleno de Cangas del concejal Gestido a la portavoz socialista Iria Malvido, “un asunto vergonzoso y sobre el que el PP sigue tratando de echar tierra” cuando llega esta sentencia firme del Juzgado de Instrucción número 1 de Vigo. “Son hechos intolerables, injustificables y que acaban manchando a quien los tolera, los ampara y los disculpa, por lo que Rueda no puede seguir de perfil”, recalca Regades.
El fallo condena a Juan Carlos Alonso Esmerode como autor responsable de un delito leve de lesiones a la pena de multa de un mes, a razón de 5 euros al día, lo que hace un total de 150 euros. En caso de impago, Alonso deberá cumplir pena de privación de libertad de un día por cada dos cuotas no satisfechas.
La sentencia declara como hechos probados que el 24 de junio de 2023 Alonso Esmerode propinó un golpe en el costado derecho al denunciante en la calle Manuel Losada de Gondomar, cuando este estaba a punto de subirse a su motocicleta. El agredido sufrió una contusión costal para lo cual necesitó una primera asistencia médica.
La sentencia explica, además, que el agresor insultó previamente al agredido “en una situación de tensión que puede encontrarse en razones políticas”. Además, la jueza puso en valor que el agredido renunció a cualquier indemnización que había podido corresponderle y tan sólo reclamó que se juzgaran los hechos a los efectos de la posible responsabilidad penitenciaria del vocal del PP en la Entidad Local Menor.
