El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, viene de registrar iniciativas para que el Gobierno del Estado cumpla con la Carta Europea de las Lenguas y acepte las peticiones y reclamaciones de los vecinos de Gondomar escritas en gallego por los numerosos problemas del servicio de internet en el Ayuntamiento. La organización nacionalista demanda al ejecutivo revocar la decisión de exigir la traducción a los interesados y dé curso a las peticiones sobre la cobertura de internet y fibra.
Los vecinos del Ayuntamiento de Gondomar llevan años reclamando la mejora en el servicio de internet. La cobertura de fibra óptica no supera el 25% de las viviendas totales que se concentran en el casco urbano y en una parte de la parroquia de Vincios, dejando las demás parroquias prácticamente sin cobertura. “Se vulnera así el derecho a tener un servicio de internet de calidad y en igualdad de condiciones al que pueden disfrutar en otras zonas” recuerda el diputado del BNG.
De hecho, los vecinos constituyeron la PLATAFORMA GONDOMAR FIBRA XA!, que recogió quejas firmadas por la mayoría de los vecinos y las trasladó al Instituto Gallego de Consumo, reclamando su actuación por entender que es el competente en la materia, organismo que, desentendiéndose de las reclamaciones, las remitió a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Ahora, la Secretaría está enviando comunicados a todas las personas reclamantes para exigir la traducción de las quejas firmadas, bajo la amenaza que, de no remitirlas traducidas al español en el plazo de diez días se entenderá decaída la petición.
“Esta actuación supone una grave vulneración de los derechos lingüísticos de las personas interesadas en el asunto”, denuncia el diputado del BNG. Rego recordó que el Gobierno del Estado ha adquirido un compromiso, firmado hace ya treinta años, con la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, norma que en su artículo 10.3, referido a las autoridades administrativas y servicios públicos, que “el Estado debe admitir la presentación de escritos y emitir respuestas en las distintas lenguas oficiales, debiendo adoptar las medidas necesarias para poder cumplirlo”. Pero más allá de este compromiso que sigue sin cumplir, la propia Ley de Procedimiento Administrativo establece que los administrados pueden dirigirse en gallego a cualquier administración sita en la Galicia, como es el caso del Instituto Gallego de Consumo. No es responsabilidad individual de las y de los reclamantes que el expediente fuera trasladado a la Administración General del Estado, y por lo tanto, no debe negarse el derecho a una resolución del fondo si no hay traducción. Es la administración la que debe hacerse cargo de esa traducción.
Ante este hecho, la organización nacionalista demanda a la Secretaría de Estado que cumpla con la legalidad y dé trámite al expediente remitido desde la Xunta de Galicia y dicte resolución sobre la petición contenida en el mismo que la apoya con la firma de reclamaciones individuales de los cientos de afectados por el deficiente servicio de internet en el Ayuntamiento de Gondomar. “Tiene que atender las peticiones con independencia de la lengua oficial en que se encuentren”, reivindica Rego.
De no aceptar estas reclamaciones, tal y como envía la Secretaría de Estado, “supondría un evidente déficit democrático en un estado plurinacional y plurilingüístico”. Para el BNG “deberían facilitarse los trámites administrativos con independencia de la lengua que decidan emplear los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones”. Por este motivo, reclama la revocación de su decisión de exigir traducción a los interesados y dar curso a su ruego sobre la cobertura de internet y fibra en el ayuntamiento de Gondomar.
