La flota de bajura de Baiona se sumó este viernes a la parada convocada en Galicia en señal de protesta por el reglamento europeo de control de la pesca, con una pitada general en las proximidades del puerto pesquero. La conselleira del Mar, Rosa Quintana, mantuvo ayer un encuentro por videoconferencia con la directora general de Asuntos Marítimos y Pesca (DG MARE) de la Comisión Europea, Charlina Vitcheva, en el que le expuso los principales asuntos de interés del sector marítimo-pesquero gallego y le trasladó que considera disparatada la pretensión del Ejecutivo comunitario de hacer obligatoria la instalación de cámaras de videovigilancia a bordo de la flota europea por entender que se trata de una medida que criminaliza al sector.
La representante del Gobierno gallego, que estuvo acompañada por tres miembros del grupo de trabajo del Consejo Gallego de Pesca sobre el brexit, le describió la realidad de la flota artesanal gallega y le advirtió de que este tipo de decisiones adoptadas por Bruselas, que generan rechazo en el sector, alejan a los profesionales de la pesca de las instituciones pues demuestran falta de conocimiento de su realidad y complican en gran medida su labor diaria. Ese es el motivo, precisamente, de que el sector pesquero gallego convocaran estas protestas en contra de los planes en materia de control de las instituciones comunitarias.
Rosa Quintana abordó durante el encuentro distintas cuestiones que generan malestar y preocupación entre el sector pesquero gallego en relación con la modificación del reglamento europeo de control de la pesca, pues incluye medidas que se pretenden aplicar al conjunto de la flota como la videovigilancia a bordo -que incluso puede chocar con la intimidad del trabajo a bordo y con la protección de datos de los marineros-, la geolocalización de los buques o la notificación digital de las capturas antes de la llegada a puerto.
En lo referente a la videovigilancia a bordo, la conselleira incluso recordó que tanto la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo como otros actores del sector son más partidarios de que esta medida sea voluntaria -con un sistema de incentivos para su instalación- u obligatoria como sanción para aquellos que cometan alguna infracción grave de la normativa pesquera, unas opciones que tendrían una mayor aceptación en el sector.
La titular de Mar le insistió a la responsable del Ejecutivo comunitario en que este tipo de medidas son negativas para la bajura gallega pues suponen mayor burocracia y no implican una mejora en el control de su actividad. Es el caso de la geolocalización de las embarcaciones de menos de 12 metros de eslora, sobre la que Galicia defendió en todo momento la exclusión de la bajura de esa obligatoriedad puesto que el dispositivo supone un coste importante para la flota y se trata de embarcaciones perfectamente controladas al encontrarse cerca de la costa.
Otro de los aspectos que Galicia considera negativos de la propuesta de reglamento de control es el deber de registrar digitalmente las declaraciones de capturas en las embarcaciones de menos de 12 metros antes de su llegada a puerto. Esta exigencia, incidió la conselleira del Mar, afectaría a muchas embarcaciones que realizan mareas inferiores a 24 horas y también al marisqueo, en muchos casos con un único tripulante a bordo, lo que complica su operatividad y supone mayor burocracia duplicando la notificación previa al desembarque.
Ante esta situación y el malestar generado en el conjunto del sector pesquero gallego y, de manera especial, en la flota artesanal, la representante del Ejecutivo gallego demandó mejoras durante el proceso de negociación en el marco de los trílogos -Comisión Europea, Eurocámara y Consejo Europeo- para diseñar un reglamento de control más adaptado a la realidad de la flota y que no criminalice al sector.
