Prorrogados todos los contratos de alquiler y prohibido el corte de suministros

El Consejo de Ministros ha aprobado, mediante un Real Decreto-ley, más de 50 medidas económicas y sociales que complementan las que se han ido adoptando en las últimas semanas y dan respuesta a las situaciones creadas por la COVID-19 y la declaración del estado de alarma.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha afirmado que las iniciativas cumplen un triple objetivo: fortalecer el sistema sanitario, sostener el modelo productivo y prevenir la desigualdad sobrevenida a esta situación.

Derecho a la vivienda y a los suministros básicos

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha manifestado que las medidas de restricción de movimientos y de suspensión de las actividades laborales sólo serán viables si desde las instituciones del Estado se ofrece seguridad y protección a los ciudadanos.

En este sentido, Iglesias ha sostenido que hay que tomar como referencia la Constitución, que protege los derechos de los ciudadanos, en especial de los más vulnerables, y ampliar esta protección con medidas como las acordadas hoy. Estas iniciativas, ha recalcado, refuerzan el “escudo social frente al coronavirus y pone decididamente a nuestro país en la senda de una salida social a esta crisis opuesta a la que se aplicó en el pasado”.

Derecho a la vivienda

Con el fin de garantizar el derecho constitucional a la vivienda, Pablo Iglesias ha avanzado que quedan prorrogados automáticamente por seis meses todos los contratos de alquiler en vigor, que estén a punto de vencer. Esta medida, ha dicho, supone que a “ningún inquilino de España con un contrato vigente se le pueda subir el alquiler”, durante ese periodo.

El vicepresidente también ha explicado que se pone en marcha, utilizando al Instituto de Crédito Oficial, un sistema de microcréditos públicos, sin comisiones ni interés, para que todas las personas en situación de vulnerabilidad puedan hacer frente al pago del alquiler de su vivienda habitual. Los inquilinos que se beneficien de estos microcréditos públicos podrán devolverlos en un plazo de seis años, ampliables hasta diez en caso de que tengan dificultades.

A esta medida, ha añadido, podrán acogerse todas las personas en paro, los trabajadores afectados por cortes o reducciones de jornada, y los autónomos que hayan visto reducidos sus ingresos.

Asimismo, Iglesias ha indicado que si un inquilino está en situación de vulnerabilidad y su casero es un gran tenedor de vivienda, como un fondo de inversión, este tendrá que elegir entre dos opciones: llevar a cabo la quita del 50% de la deuda del inquilino o reestructurar esa deuda para que este pueda pagarla durante tres años. Se trata, ha señalado “de proteger a los inquilinos y a los pequeños propietarios y al mismo tiempo garantizar que los grandes tenedores de vivienda arrimen el hombro”.

En materia de vivienda, el vicepresidente ha avanzado que se amplía la moratoria de hipotecas, aprobada recientemente, para incluir ella a los autónomos cuya actividad haya sido suspendida por el estado de alarma o cuando su facturación haya caído significativamente hasta el último día del mes en que finalice este estado de alarma. La entidad acreedora no podrá exigirles el pago de la cuota hipotecaria ni ninguno de los conceptos que la integran, incluidos los intereses.

Prohibido el corte de suministros

El Gobierno, según ha trasladado Pablo Iglesias, también ha señalado que la actual prohibición de cortar los suministros básicos a los hogares vulnerables, se extiende a todos los hogares: “Mientras esté en vigor el estado de alarma las empresas suministradoras de electricidad, agua y gas no podrán suspender el servicio a ningún ciudadano en su vivienda habitual”.

Además, se amplía la cobertura del bono social para que puedan acogerse a él los trabajadores afectados por despidos y los autónomos que hayan cesado en su actividad o visto reducida su facturación como consecuencia de la crisis de la Covid-19.

Prestación por desempleo temporal

Pablo Iglesias ha destacado, asimismo, la aprobación de una prestación específica en forma de subsidio por desempleo para todas las personas trabajadoras del hogar que hayan tenido que dejar de prestar servicios, total o parcialmente, como consecuencia de la crisis, o cuyo contrato se haya extinguido con posterioridad a la declaración del estado de alarma. “Si algo hemos aprendido a raíz de esta crisis, es que es fundamental cuidar mejor a los que cuidan, porque son precisamente sus trabajos de cuidados, muchas veces invisibles, precarios y poco reconocidos los más imprescindibles para la tarea que nos ocupa ahora, que es el sostenimiento de la vida”.

Restricción en la publicidad de las apuestas

Con el fin de proteger a los consumidores más vulnerables, se ha acordado una moratoria de tres meses prorrogables en el pago de los créditos personales.

El vicepresidente también ha citado medidas para la devolución de los viajes cancelados o para restringir la publicidad de las apuestas, en un contexto y confinamiento que hace aún más necesario proteger a las personas que tienen problemas con el juego.

Igualdad y lucha contra la violencia machista

El Ejecutivo ha decretado como esenciales los servicios de atención a víctimas de explotación sexual y trata; garantiza la alternativa habitacional segura para las víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres, e impulsa un subsidio extraordinario a los trabajadores del hogar.