En el pasado mandato municipal, bajo la responsabilidad política de Antonio Araújo, y con el objetivo de paliar y/o ayudar a resolver determinadas situaciones urbanísticas derivadas de la falta de normativa que amparara legalmente la construcción de nuevas viviendas; permitir la ampliación o reforma de las existentes, o la legalización de aquellas otras que incluso habían quedado atrapadas cuando la anulación del PGOM de 1997, etc, y a la vista de la problemática existente derivada del acoso selectivo que APLU inició en Gondomar contra docenas de viviendas, muchas de ellas en fase de legalización cuando la anulación del PGOM, y todas ellas situadas en núcleos rurales tradicionales perfectamente definidos, incluso en la mayoría de los casos con todos los servicios públicos existentes (agua público, electricidad, saneamiento, acceso rodado, teléfono..). Pues bien, con esa idea se había procedido en aquella altura a la delimitación de una serie de núcleos de los cuales dos están aprobados y en vigor (Prado y Campo Grande), quedando el resto pendientes de los informes de la Xunta para su aprobación.
“Efectivamente los informes de la Xunta llegaron al Ayuntamiento en julio de 2019 solicitando más documentación para completar los expedientes de los dichos núcleos. Documentación relacionada en general, solicitando aclaraciones sobre asuntos relacionados con el Patrimonio Histórico o de elementos de interés patrimonial”, señala Antonio Araújo, quien asegura que a día de hoy nada se hizo por parte de la Administración Local, “ni un solo papel se envió a la Xunta de Galicia sabiendo como sabe el actual gobierno municipal que estamos delante de posibles derrumbamientos de viviendas, de fuertes sanciones económicas y mismo de penas de cárcel”. Para Araújo, el gobierno de Paco Ferreira sigue instalado en la política de la foto y de la propaganda “en vez de actuar en algo prioritario y básico para las personas como es el derecho a tener una vivienda digna”. Todo esto se vino agravado estos días con las notificaciones amenazantes de la APLU que están recibiendo los propietarios de las viviendas expedientadas a pesar de estar informada formalmente de que son perfectamente legalizables con las delimitaciones en marcha, y que no se trata, ni mucho menos, de aberraciones urbanísticas.
Desde Manifesto Miñor-En Marea le exigen al Alcalde que asuma su responsabilidad y acabe con tanta desidia en este asunto, “que para eso tiene un gobierno con mayoría absoluta, con 7 dedicaciones de 9, y por encima contando en este momento con un Departamento de Urbanismo dotado bastante con dos arquitectos y un arquitecto técnico”. Al mismo tiempo, según Araújo, debe ponerse en contacto inmediato con los responsables de la APLU, “como hicimos otros en su día, para paralizar este disparate”.
Por último, desde Manifesto Miñor-En Marea quieren recordarle a la APLU, como organismo público encargado de velar por la legalidad urbanística, dos cosas: “La primera, que antes de proceder a la apertura de expedientes contra las viviendas de las personas, lea la Constitución y el articulado que habla del derecho a una vivienda digna. CERO euros en inversión para vivienda pública por parte de la Xunta de Galicia. Y en segundo lugar que actúe con la misma firmeza contra los grandes infractores que esquivan las leyes a base buenos abogados en pleitos y recursos sin fin hasta que la Ley le sea favorable”.
