Absuelven al sindicalista acusado de hacer una pintada en la casa de Almuiña

El juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo decidió absolver este martes a Carlos Martínez Lamosa, responsable de Transportes de la FGAMT-CIG de Vigo, después de que la Fiscalía no solicitara su condena al entender que los hechos de los que se le acusaban (hacer una pintada en el edificio baionés en el que tiene su vivienda el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, durante el conflicto por el convenio de ambulancias) no constituyen un delito leve de daños.

Tras las declaraciones de Lamosa y de la denunciante, en el trámite de conclusiones el Ministerio Fiscal ni siquiera entró a valorar las pruebas practicadas y optó por no solicitar condena para el acusado. La propia denunciante, a la pregunta del juez, tampoco lo hizo, por lo que el juez dictó sentencia in voce ditado su absolución firme ya que al no existir acusación no puede condenar.

El fiscal argumentó su decisión asegurando que los hechos juzgados no se pueden incluir en el tipo penitenciario de delito leve de daños, para lo cual se establece una pena de entre 1 y 3 meses de multa, y que en todo caso la sanción debería ir por la vía administrativa. El abogado de la CIG se adhirió a las razones esgrimidas por la Fiscalía e incidió en que en ningún momento quedó acreditada la autoría de los hechos que se le imputaban a Lamosa.

Segun explican desde el gabinete jurídico de la CIG, antes de la reforma del Código penal este tipo de hechos eran tipificados como falta, pero ahora son considerados delitos leves (si los daños contra la propiedad afectada no exceden de los 400 euros), por lo que acarrean antecedentes penitenciarios. En este caso la denunciante aportó una factura de los trabajos de limpieza de la pintada por valor de 140 euros, que el denunciado tendría que abonar también en caso de que fuera condenado.

Al mismo tiempo, con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, se despenalizan determinadas conductas que antes estaban en el Código penal, “pero las garantías procesales eran mayores en lo penitenciario que en lo administrativo”. Además, las multas administrativas, cuya cuantía también aumentó, no se imponen en función de los ingresos, por lo que son más injustas, y son más difíciles de recurrir, “lo que provoca una mayor indefensión de las personas acusadas”.

Anuncios