El equipo de gobierno de Baiona con su Alcalde a la cabeza muestra nuevamente según el BNG-AA, después de la sentencia de los casos de los becarios, estar incapacitados para gestionar el Ayuntamiento de Baiona. Los nacionalistas consideran un fraude hacer uso del derecho de contratación de personal de confianza cuando queda demostrado que no se hace uso correctamente.
La sentencia da por probado que Ángeles Silva, nombrada como personal de confianza por el Alcalde, ejercía tareas propias de una trabajadora administrativa del ayuntamiento y no tareas de personal de confianza, “corrompiendo el servicio por lo que se origina este puesto, que es lo de asistencia a la Alcaldía en cuestiones estrictamente políticas y administrativas que no poda atender la Alcaldía de primera mano”. Por tanto, para el BNG-AA el Alcalde no venía necesitando este personal de confianza y lo estaba empleando para asimilar a una militante del Partido Popular y ex concejal como personal laboral del Ayuntamiento de Baiona y sin pasar por ningún proceso de selección previa más que el dedismo del Partido Popular.
“Por consecuencia de esta noticia nefasta gestión del Partido Popular de Baiona es un coste de 9.000 € para las vecinas y vecinos y la creación de un puesto de trabajo que, según los criterios del propio equipo de gobierno del Ayuntamiento no era necesario, hecho que viene constatado por su ausencia en el proyecto de RPT que había presentado el Gobierno Municipal”, añaden los nacionalistas.
Por tanto, el BNG-AA exige la dimisión inmediata del Alcalde de Baiona, Ángel Rodal, puesto que su incompetencia ha provocado un gasto innecesario a las arcas municipales y el deber de crearse una plaza laboral sin los criterios mínimos de transparencia. No cabe duda además que en el conjunto de la sociedad baionesa está instaurándose una duda razonable de que todo este proceso no obedece más que la una estrategia de colocación a dedo sin ningún tipo de transparencia.
El BNG-AA también se reserva la opción de poner en conocimiento de las autoridades judiciales que tuvieran competencias para el estudio de un posible comportamiento fraudulento en el ejercicio de los cargos públicos.
