Xunta y Concellos podrán limpiar fincas y repercutirle los costes a sus propietarios

La Consellería de Medio Rural viene de presentar una serie de modificaciones normativas dirigidas a favorecer el cumplimiento de las exigencias legales por parte de todas las administraciones en la protección y prevención forestal, así como una serie de medidas adicionales para reforzar estos ámbitos. A través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2018 entregados ayer en el Parlamento de Galicia, la Xunta hace un refuerzo inmediato de la legislación con las iniciativas con las que se viene trabajando en las últimas fechas. Asimismo, estas propuestas están abiertas a las aportaciones de los diferentes grupos políticos, con independencia del trabajo posterior que se deberá hacer también en el campo parlamentario.

Medio Rural de la un paso más a través de estas modificaciones legislativas reforzando la regulación para conseguir un mayor y mejor aprovechamiento del monte y conseguir reforzar la lucha contra el fuego. Unas medidas que se suman al decreto de ayudas para los afectados aprobado esta semana, a la mesa para la adopción inmediata de medidas técnicas en las zonas afectadas convocada para este lunes o a las diferentes reuniones de coordinación que se mantendrán con las administraciones implicadas y colectivos de damnificados.

En lo que tiene que ver con la gestión de la biomasa (esencialmente limpieza de maleza y ordenación de los árboles), se aumenta la distancia de los 30 a los 50 metros en los que no puede haber árboles pirófitas (de fácil combustión) en aquellos lugares donde está demostrado que son de mayor riesgo por su situación. Es el ejemplo de las zonas con poca altitud o pendiente superior al 10% y las caras norte de las provincias de Pontevedra y A Coruña, zonas en las que el viento de componente noreste sopla con mayor peligrosamente hacia las zonas habitadas. Esta norma es extensible también para gasolineras, cámpings e instalaciones industriales en las que haya material inflamable.

Para complementar esta medida se prohíbe totalmente la plantación de acacias a menos de 50 metros de edificios y se obliga a que los eucaliptos y pinos guarden una distancia mínima de 10 metros entre cada ejemplar. A mayores, las viviendas aisladas situadas en suelo rústico, deben obligatoriamente tener gestionada del mismo modo la biomasa en los 50 metros que las rodeen, se encuentren a la distancia que se encuentren de un monte.

La ley también prevé que al entorno de las subestaciones eléctricas y estaciones de telecomunicaciones se les aplique la misma norma que a las de las infraestructuras de transporte y distribución de energía, que obliga a la retirada de especies pirófitas a menos de 5 metros de distancia dando un plazo a los responsables para hacerlo antes de que se haga cargo a Administración quien, a través de esta norma, tendrá más facilidades para actuar cuándo ellos no cumplan.

En este sentido, y tal y como contemplaba ya la Ley de incendios de 2007, las Administraciones Públicas están facultadas para hacerse cargo de esa gestión subsidiariamente pudiendo repercutirle los costes después a sus propietarios. La modificación que se introduce ahora lo que trata es de permitir que se acelere el procedimiento para evitar que se demore en el tiempo esa limpieza y se pueda hacer lo antes posible en beneficio del conjunto de los potenciales afectados. En esta línea, resulta especialmente salientable la introducción de la posibilidad de declarar zonas de actuación urgente y prioritaria aquellas sobre las que se precise actuar pudiendo hacerlo de manera rápida y simplificada en caso de emergencia. A mayores introduce la posibilidad de que la Administración pueda vender la madera cortada para hacer frente a los gastos derivados.

Finalmente, entre las novedades destacadas introducidas, se prevé que aquellos montes vecinales que no estén explotados o estén en grave estado de abandono, puedan ser declarados cómo tal por la Consellería de Medio Rural e incorporados al Banco de Terras para que aquellos que tengan necesidad de terreno lo puedan poner en valor. En este supuesto los comuneros con explotaciones agroganaderas que precisen base territorial para sus explotaciones, tendrán un derecho preferente de acceso.

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