La CIG-Servizos denuncia la “irresponsabilidad” del Concello de Redondela en la gestión del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF), cuyo contrato con Idades, la empresa concesionaria, finalizó el pasado 1 de junio, provocando los primeros impagos de salarios al personal.
La situación se produce una vez que el pleno municipal rechazó la prórroga de un año propuesta por el Gobierno local, por lo que las personas trabajadoras están prestando servicio con el contrato caducado. Consecuencia de esto, a día de hoy no todo el cuadro de personal, integrado por 65 personas, cobró la nómina del mes de junio.
Desde la CIG solicitaron una reunión con la Alcaldía y Servicios Sociales hace ya un mes para abordar el futuro del SAF, “de la que aún no tuvimos respuesta”. Por lo que exigen que se aclare la situación en la que se encuentra la relación contractual y el estado de redacción de los pliegos de condiciones del concurso de licitación del servicio.
“La irresponsabilidad por parte del Gobierno local en la gestión del SAF no puede afectar al desarrollo del trabajo prestado por el personal, como tampoco generar incertidumbres entre las personas usuarias de este servicio esencial”, señalan desde la central sindical.
Y adelantan que en caso de que esta situación persista en el tiempo, la CIG adoptará las acciones que considere oportunas, “trasladando el malestar de las personas trabajadoras, así como la posible desatención de la prestación del servicio, cuya responsabilidad recae en el Concello y en su máxima representante, la alcaldesa Digna Rivas”.
Por lo que esperan que la situación se solucione lo antes posible y que el Concello asuma sus responsabilidades en la prestación del servicio, “rescatándolo de las manos privadas y asumiendo la gestión directa”.
Problemática similar en otros ayuntamientos
Al mismo tiempo, señalan que otros ayuntamientos de la comarca de Vigo en los que presta servicio la empresa Idades están registrando también retrasos en el pago de salarios de forma habitual, como es el caso de Bueu, Tomiño, Covelo, situación que ya fue denunciada por la CIG ante la Inspección de Trabajo.
