El PSdeG-PSOE de O Porriño hace pública esta valoración tras la reunión mantenida con los representantes sindicales de la antigua Maderas Fiber (ex Faurecia Porriño), en la que se confirmó una situación social grave que afecta directamente a decenas de familias del municipio.
Tras el cierre de la empresa, existe un acuerdo de indemnizaciones ya pactado entre todas las partes implicadas -empresa, representación sindical, administración concursal y FOGASA- que afecta a 103 trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, ese acuerdo sigue sin ejecutarse porque falta un último trámite legal: su validación judicial definitiva. Hasta que ese paso no se complete, FOGASA no puede realizar los pagos, a pesar de que el acuerdo ya está cerrado.
Según trasladaron los representantes sindicales, más de 70 personas despedidas en el marco del procedimiento concursal ya agotaron las prestaciones por desempleo y carecen de ingresos regulares. Muchas de ellas, especialmente mayores de 55 o 60 años, tienen enormes dificultades para volver al mercado laboral y se vieron obligadas a recurrir a préstamos personales para afrontar gastos básicos como la vivienda, la alimentación o los suministros.
Este trámite se encuentra pendiente en el Tribunal Superior de Xustiza, esperando se resuelva el recurso y súplica presentado por un grupo de 32 personas readmitidas por sentencia firme que cuentan con ingresos garantizados y compensaciones reconocidas judicialmente. Sin cuestionar esos derechos, desde el PSdeG-PSOE de O Porriño advierten de que esta situación está provocando una desigualdad material evidente: mientras un colectivo mantiene ingresos, la mayoría de la ex plantilla espera sin cobrar nada ni recibir compensación por el tiempo de espera, asumiendo en solitario los costes económicos del retraso.
Desde el PSdeG-PSOE de O Porriño consideran que esta situación no puede prolongarse más en el tiempo. Por una parte, reclaman que se agilice con carácter urgente la resolución judicial pendiente para hacer efectivo el acuerdo de indemnizaciones. Por otra, instan a la Xunta de Galicia a que ponga en marcha ayudas extraordinarias y temporales dirigidas a las personas trabajadoras sin ingresos, mientras no se produzca el pago, con el objetivo de evitar más endeudamiento y situaciones de necesidad.
“No hablamos de privilegios ni de favores. Hablamos de familias con derechos reconocidos que llevan meses sin ingresos por una causa ajena a su voluntad. Cuando un retraso administrativo empuja a personas trabajadoras al endeudamiento, las administraciones tienen el deber de actuar”, concluyen.
