Ante las manifestaciones realizadas por la CIG en los últimos días y la difusión de informaciones “incompletas o directamente falsas”, el Concello de Ponteareas quiere trasladar a la ciudadanía un mensaje de tranquilidad, rigor y total transparencia respecto de la gestión del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) y el requerimiento de información recibido de la Fiscalía.
No existe ninguna causa abierta contra el Concello
El escrito de la Fiscalía es una petición de documentación habitual tras una denuncia de un tercero. El Concello está colaborando plenamente y remitirá toda la información solicitada en las próximas horas, tal y como es preceptivo en cualquier procedimiento de este tipo. “Agradecemos que esto pueda ser así y confiamos en que el juzgado esclarezca toda esta situación de desinformación”.
Hace falta destacar que el expediente administrativo cuenta con más de 1.000 páginas, en las que se detallan todos los procedimientos seguidos de forma exhaustiva, garantizando que se cumple con toda la normativa y con la máxima transparencia.
Seguimiento exhaustivo desde el inicio del contrato
Desde el comienzo de la actual concesión, el 14 de abril de 2025, el Concello realizó un seguimiento continuo y riguroso del cumplimiento de las obligaciones de la empresa adjudicataria. En este tiempo se emitieron numerosos requerimientos formales, informes técnicos y supervisiones directas que permitieron detectar retrasos e incidencias, exigiendo su enmienda en todo momento.
En concreto, la empresa recibió requerimientos el 3, 12 y 30 de junio, el 17 de julio y el 7 de agosto, todos ellos previos al escrito de la CIG del 8 de agosto, que hace alusión a la Fiscalía. “Por tanto, no se puede tachar a este Gobierno de falta de acción, ya que el Concello actuó de forma proactiva dentro de sus competencias”.
Hace falta recordar que el Concello tiene la obligación contractual de comunicar directamente con la empresa concesionaria, no con el sindicato CIG. Toda la información, requerimientos y documentación relacionados con el servicio son trasladados a la empresa, tal y como establece el contrato.
Servicios mínimos: desmentido de informaciones falsas
El sindicato CIG recurrió ante el juzgado la pauta establecida por el Concello, que fijaba un mínimo de 45 minutos por usuario para realizar tareas básicas como aseo, alimentación y toma de medicación. La CIG consideraba que este tiempo era excesivo y abusivo para llevar a cabo estas tareas en cada domicilio.
Con todo, posteriormente, los trabajadores llegaron a un acuerdo con la empresa, a través de su sindicato, según el cual ningún usuario verá reducido el tiempo mínimo de atención de 45 minutos. Además, en muchos casos, el tiempo de atención incluso duplica el establecido como mínimo.
“Este hecho evidencia una nueva manipulación de información pública, en la que se difunde una versión que no refleja la realidad del acuerdo alcanzado ni la mejora efectiva en la calidad del servicio a los usuarios”, denuncian desde el gobierno local.
Desmentido de otras informaciones falsas
En las últimas horas circularon afirmaciones que no son ciertas y que solo contribuyen a generar confusión:
- Es falso que el Concello pusiera camas de la residencia al servicio de Óbolo. En ningún momento se trasladó mobiliario municipal para cubrir carencias de la empresa.
- Es falso que el Concello comprara los teléfonos móviles de las trabajadoras. El Concello se limitó a requerir a la empresa que cumpliera con el contrato, en el que figura claramente que debe dotar al personal con el material necesario para el desempeño de sus funciones.
El Concello lamenta que se difunda información incorrecta que puede perjudicar a las personas usuarias, a las trabajadoras y al propio servicio.
Sobre la sede de la empresa adjudicataria
La CIG critica ahora que la empresa concesionaria tenga su sede fuera de Galicia, cuando la empresa anterior, a la que no se le formulaban estas críticas, tenía la sede en Valladolid.
“El sector del SAF funciona con compañías de ámbito nacional que prestan servicio en diferentes territorios del Estado. Lo relevante no es donde tengan la sede, sino el cumplimiento estricto de sus deberes contractuales”, afirman desde el Concello de Ponteareas.
El Concello ya actuó antes de las denuncias sindicales
Mucho antes de los escritos de la CIG, el Concello ya: había detectado incumplimientos, había emitido requerimientos formales, había advertido retrasos en documentación esencial, y había iniciado acciones para garantizar la calidad del servicio.
El 28 de octubre se aprobó en pleno el inicio de un expediente sancionador a la empresa adjudicataria por los retrasos en el cumplimiento de las condiciones del contrato del SAF. “Algunos critican que el expediente se demorara, pero hace falta recordar que un procedimiento sancionador que implica una sanción superior a los 22.000 euros debe emitirse con toda la documentación justificativa y con la máxima seguridad jurídica, garantizando que cualquier reclamación administrativa o judicial posterior pueda ser defendida con plenas garantías para el Concello y para el interés público”.
Adjudicación y cumplimiento del contrato
La empresa que presta actualmente el servicio fue adjudicataria mediante un concurso público, con total transparencia y siguiendo todos los procedimientos legales. El Concello no puede rescindir el contrato unilateralmente mientras la empresa cumpla la mayor parte de sus obligaciones.
Lo que hizo el Concello fue iniciar un expediente sancionador por los retrasos detectados, actuando de forma correcta y proporcional. Además, hace falta recordar que, aunque se rescindiera el contrato, nada impediría que la empresa se vuelva a presentar a un nuevo concurso público y gane de nuevo, si ofrece la mejor propuesta para la administración.
Impacto de la huelga en el servicio
La situación de huelga está ocasionando que el Concello no pueda prestar el servicio a usuarios que se encuentran en lista de espera. Además, impide la contratación de nuevo personal, lo que limita la posibilidad de ampliar el servicio, que es el objetivo principal de este nuevo contrato concesional.
Compromiso absoluto con las personas usuarias y con el personal
El Concello de Ponteareas tiene clara su prioridad: proteger a las 74 familias usuarias del SAF y garantizar los derechos de las trabajadoras. “Por eso seguirá actuando con responsabilidad, transparencia y colaboración con el resto de administraciones implicadas. El gobierno de Ponteareas priorizó desde el primer momento su firme compromiso pasando de un contrato de 950.000 a invertir 2,1 millones en el contrato de ayuda en el hogar para cubrir listas de espera grado III e II porque la prioridad es atender a las personas que más lo necesitan. Respetando el derecho de las trabajadoras a la huelga nosotros debemos garantizar la atención a las personas usuarias. El gobierno traslada su agradecimiento a las profesionales que siguen prestando el servicio”.
Llamamiento a la responsabilidad y al rigor informativo
En un servicio tan sensible como el SAF, el Concello pide evitar discursos que generen alarma o confusión. “Las administraciones deben trabajar con datos, no con rumores ni afirmaciones infundadas”.
