El personal del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) del Concello de Ponteareas comenzó hoy una huelga indefinida en repuesta a los graves incumplimientos laborales de la concesionaria. Las trabajadoras aprovecharon la jornada para desarrollar una protesta a mediodía tanto en el exterior como en el interior del consistorio, movilizaciones que mantendrán de lunes a viernes para reclamar la rescisión del contrato con la empresa Óbolo y que el servicio sea asumido por el Concello.
Desde la CIG señalan directamente la responsabilidad del Gobierno local en lo que está aconteciendo, ya que dejó el SAF en manos de una compañía privada por 6,5 millones de euros de dinero público “a cambio de esclavizar las trabajadoras para obtener el máximo beneficio”. Buena muestra de la gravedad de la situación es que en cinco años asumieron el servicio hasta cuatro empresas distintas: Clece, Samaín, Aralia y Óbolo.
“En este tiempo fue todo de mal en peor: llevamos cuatro años reclamando que se abonen las nóminas a tiempo, que se paguen las horas trabajadas y que se implementen medidas de prevención, al tiempo que exigimos contratos a tiempo completo y que se garanticen los descansos legales mínimos, tanto diarios como semanales; en definitiva, lo que queremos es que se respete la labor esencial que desarrollan estas trabajadoras”, recuerdan desde la central sindical.
De hecho, en el último concurso la CIG advirtió que la licitación no garantizaba unas condiciones laborales dignas y que Óbolo acumulaba docenas de problemas por todo el Estado. “Las afectadas gritaron y suplicaron en el pleno municipal que no se vendieran sus derechos; pero, como siempre, la opinión de estas mujeres, que hacen su trabajo muchas veces a costa de su salud y que incluso tienen que poner su coche para prestar el servicio, no tuvo valor alguno; el Gobierno del PP miró para otro lado y aprobó lo que sabíamos que las iba a llevar a la miseria”.
Seis meses después la realidad es que los responsables de la empresa no visitaron siquiera la localidad, el personal sigue sin registro de jornada, se producen retrasos en el pago de los salarios y errores en el cálculo de las nóminas, no cotizan a la Seguridad Social las pagas extra y los complementos y la empresa demora hasta 15 días en dar de alta a las trabajadoras, que carecen de un plan de prevención de riesgos e incluso de guantes para desarrollar su trabajo.
Además, la empresa acumula retrasos en el pago a proveedores, lo que pone en riesgo el normal funcionamiento del servicio, sin que siquiera se atiendan las quejas de las personas usuarias ni respondan de su gestión delante de los Servicios Sociales del Concello.
Denuncia en la Inspección de Trabajo
En consecuencia, la CIG presentó denuncia en la Inspección de Trabajo e informó al Gobierno local de los incumplimientos, sin obtener respuesta alguna. “Siguen invisibilizando a las trabajadoras y poniendo los intereses de una empresa de Huelva por encima de los de los vecinos de Ponteareas. Es tal el desprecio de la empresa y el del Concello que a pesar de que hace 10 días que registramos la convocatoria de huelga ni se dignaron a recibirnos”.
Por lo que insisten en la necesidad de proceder a la rescisión inmediata del contrato con Óbolo y que el Concello asuma la gestión del servicio “para dejar de entregar dinero público a empresas piratas que facturan a cambio de nada, pero en esta lucha precisamos el apoyo y la solidaridad de las personas usuarias, de sus familias y del conjunto de los vecinos”.
