La CIG se movilizó este viernes en más de 50 ayuntamientos de todo el país para exigirle a la Xunta de Galicia y a los Concellos la aplicación inmediata de medidas efectivas que garanticen la seguridad e integridad de todas las trabajadoras de los servicios de ayuda en el hogar. Con estas protestas descentralizadas, la CIG también quiere rendir homenaje a Teresa, asesinada en O Porriño mientras realizaba su trabajo, trasladar un mensaje de solidaridad a su familia y compañeras, y visibilizar la desprotección y la precariedad a la que están sometidas las trabajadoras de los cuidados, nombradamente en la atención que se presta en los domicilios particulares.
En la concentración de O Porriño, que tuvo carácter nacional, se puso en evidencia la inacción de la Xunta de Galicia que, 72 horas después del asesinato de Teresa, sigue sin adoptar ninguna medida concreta, más allá de las declaraciones de intenciones en los medios de comunicación.
La Xunta, cómplice de la desprotección
El secretario general de la CIG, Paulo Carril, recordó que en la mañana del miércoles la central nacionalista se dirigió por escrito al presidente de la Xunta, a la conselleira de Política Social y a la FEGAMP para solicitar la convocatoria urgente de una reunión con las organizaciones sindicales y patronal del sector con el objetivo de acordar un plan de prevención de riesgos y un protocolo de prevención frente al acoso y a las agresiones de obligado cumplimiento en todos los SAF de Galicia.
“El tiempo que la Xunta de Galicia tarda en convocar esta reunión es tiempo en el que está siendo cómplice del riesgo grave e inminente al que están expuestas las trabajadoras del SAF. El Gobierno gallego, con su conselleira a la cabeza, no puede continuar eludiendo sus responsabilidades. La prestación de este servicio público esencial es una competencia que la Xunta transfirió a los Concellos, sin recursos suficientes y promoviendo un modelo de privatización y mercantilización de los cuidados que está en la base de la precariedad y de las condiciones de esclavitud de este personal”, denunció Carril.
Por eso, reiteró la exigencia a la Xunta y a la FEGAMP de convocar esa reunión con carácter de urgencia y, como mínimo, pactar que ante la existencia de una denuncia o comunicación de un posible caso de acoso, esté justificada la ausencia al puesto de trabajo; y que, en el momento en el que se reciba una queja de acoso de una trabajadora se suspenda cautelarmente el servicio, activándose el protocolo de acoso.
Junto a esto, la CIG reclama que se realicen ya las evaluaciones de riesgos, incluidos los psicosociales, en todos los domicilios; y habilitar un servicio efectivo para presentar cualquier incidencia y dar traslado inmediato a las delegadas de prevención.
“Estos son los cuatro puntos que la central nacionalista entiende que hay que aprobar ya y que deben ser de aplicación obligada a todos los servicios de ayuda en el hogar, tanto de gestión directa como de gestión privatizada”, aseveró. Y destacó que, a pesar de los intentos de la conselleira Fabiola García de desviar responsabilidades a Concellos y empresas concesionarias, “no se pueden negociar medidas efectivas sin el acuerdo de Política Social, porque es quien tiene la última palabra en la decisión de suspender el servicio a una persona usuaria”.
La CIG se personará en la causa
El secretario general también reiteró que la CIG se personará en la causa judicial por el asesinato de Teresa “y buscaremos que se depuren todas las responsabilidades penitenciarias y políticas que correspondan por el asesinato de una trabajadora durante su jornada laboral, además de la empresa, extendiendo esas responsabilidades a la Xunta y al Concello”.
Junto a esto, señaló que “seguimos a la espera de que el Concello de O Porriño actúe y proceda a la suspensión cautelar del servicio a la actual concesionaria, mientras no se garanticen la seguridad y la integridad de las trabajadoras”. Y recordó que la CIG presentó denuncia en la Inspección de Trabajo con esta misma petición y solicitando que se investigue la falta de evaluación de riesgos y de medidas de seguridad de la empresa concesionaria del SAF de O Porriño.
Huelga el 13 de agosto
La muerte violenta de Teresa manifiesta la total precariedad y abandono de las trabajadoras de los servicios de ayuda en el hogar. “La CIG entiende que este dramático suceso no puede quedar sin respuesta y tiene que constituir un antes y un después en las condiciones en las que se presta este servicio público esencial”, valoró Carril.
Por eso, la central ya tiene convocada para el miércoles 13 de agosto una jornada de huelga en los SAF de toda Galicia y anima a las trabajadoras a transformar la indignación por el asesinato de Teresa en una lucha para avanzar en la dignificación real de las condiciones laborales, salariales y sociales, en los planes de prevención y protocolos de actuación “que tantos años llevamos reivindicando desde la CIG y el sector sin respuesta ninguna de las administraciones y de las empresas”.
