La CIG se movilizó este mediodía en la Plaza del Concello de O Porriño en repulsa al asesinato de la trabajadora del SAF y para denunciar la carencia de medidas de seguridad en este sector. La central nacionalista presentó denuncia en la Inspección de Trabajo para que se investigue la falta de evaluación de riesgos y de medidas de seguridad de la empresa concesionaria y demandó (a la Inspección y al Concello) la suspensión cautelar de la atención a domicilio mientras no se garantice la integridad de las trabajadoras.
De manera paralela, la CIG ya avanzó que se personará en las diligencias judiciales reivindicando que se depuren todas las responsabilidades penitenciarias y políticas por el asesinato de una trabajadora durante su jornada laboral. Lo sucedido ayer también es responsabilidad del Gobierno gallego y de los Concellos, pero principalmente de la empresa concesionaria”, destacó el secretario general de la CIG, Paulo Carril.
Asimismo, la central sindical ya solicitó a las administraciones que se convoque de urgencia una reunión con presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la conselleira de Política Social, Fabiola García, las organizaciones sindicales, la FEGAMP y las empresas concesionarias del SAF para poner en marcha de inmediato medidas y protocolos de obligado cumplimiento, que permitan prevenir situaciones de riesgo y actuar ante situaciones de acoso, agresiones, maltrato etc. que se pueden dar en los trabajos de cuidados, nombradamente en la atención que se presta en los domicilios particulares.
Concentraciones este viernes día 1 y huelga en el sector
A nivel de acción movilizadora, la CIG convoca concentraciones para este viernes, 1 de agosto, a las 12:00 horas, delante de los ayuntamientos en homenaje a la compañera asesinada, en solidaridad con su familia y para reivindicar condiciones laborales y salariales dignas, protocolos y medidas preventivas y de seguridad.
Además, la CIG convocará una jornada de huelga en las próximas semanas en todos los servicios de ayuda en el hogar de Galicia porque la muerte de Teresa no puede quedar en un suceso aislado, tiene que ser un punto de inflexión para el sector.
“Todos los SAF comparten la absoluta falta de seguridad”, advirtió Mercedes Domínguez, responsable del sector en la CIG de O Porriño, durante la concentración de este mediodía. “A menudo las trabajadoras le trasladan a las empresas situaciones de maltrato y agresiones que no son atendidas. Es prácticamente imposible suspender un servicio de atención en el hogar”, informó.
La propia trabajadora había puesto en el día de ayer en conocimiento de la empresa una situación de acoso en el domicilio donde fue asesinada. La respuesta de la concesionaria fue pedirle que fuera a hacer el servicio igualmente. “En estos casos, añadió Domínguez, si una trabajadora no se siente capacitada para acudir, mandan a otra auxiliar en su lugar, sin adoptar más medidas”.
La CIG lleva años reivindicando medidas reales de prevención para este colectivo laboral, que se realicen evaluaciones de cada domicilio y de los riesgos que puede haber en cada uno de ellos, que se acuda a los hogares en pareja, y que se establezcan mecanismos para la suspensión del servicio cuando una trabajadora denuncia una situación de acoso, agresión o maltrato.
“Con Teresa llegamos tarde. Su palabra, la palabra de una mujer, de una profesional, no sirvió para suspender un servicio; siempre prevalece el derecho de las personas usuarias sobre los derechos de las trabajadoras”, lamentó Domínguez.
Un sector precario y abandonado por las administraciones
En esta idea abundó el secretario general de la CIG, Paulo Carril, al aseverar que la “precariedad tiene su rostro más salvaje en lo que sucedió en el día de ayer”. “Lo que falla es un sistema en el que la Xunta de Galicia y los Concellos abandonan a las trabajadoras”. Advirtió que el modelo de privatización de los cuidados lleva a la máxima desprotección de las trabajadoras, que prestan un servicio esencial pero desvalorizado a nivel socio-económico.
Recordó Carril que las trabajadoras del SAF llevan meses movilizándose por la negociación de su convenio colectivo -sin actualizar desde 2012- y luchando por la dignificación de sus condiciones laborales y salariales, con la absoluta dejadez y desinterés de la patronal y de las administraciones responsables.
Una idea en la que también incidió Margarita Corral, secretaria confederal de las Mujeres de la CIG: “el asesinato de la compañera Teresa tiene que suponer en Galicia un antes y un después en la legislación en materia de derechos laborales de las trabajadoras del SAF”. Corral apuntó a la componente de género en la que radican “las condiciones de esclavitud del sector” y a una componente de clase “gravísima”. “Después de la pandemia, denunció, no se consiguieron revalorizar los trabajos de cuidados, ni avanzar en un sistema público de gestión directa relacionado con la prestación de estos servicios, ni que se aplique la legislación en materia de prevención de riesgos laborales”.
Por eso, concluyó, “no podemos permitir que esta muerte quede como una más. No es solo un feminicidio, es un accidente laboral, un asesinato ocurrido durante la jornada laboral. Y como tal, hay que reivindicar protección para que ninguna mujer vuelva a sufrir violencia en el trabajo”.
