La Diputación de Pontevedra aprobó este viernes, en la sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de enero, una moción presentada por el Grupo Popular a través de la cual insta al Gobierno central a buscar alternativas al trazado propuesto para el proyecto de la autovía A-52 por la grave afectación que provoca a los vecinos de los ayuntamientos de Vigo y Mos. Asimismo, la sesión sirvió para aprobar los expedientes de contratación de los servicios de limpieza y vigilancia para las sedes y centros de la Diputación y el estudio de ordenación y delimitación de tramos urbanos de suelo de núcleo rural en los márgenes de las carreteras provinciales y la actualización del catálogo de carreteras de titularidad provincial, así como la adhesión de la Diputación al convenio de colaboración con la Xunta, la FEGAMP y las otras tres diputaciones de Galicia para el desarrollo de los Grupos de Emergencia Supramunicipales para el período 2025-2027, la aprobación de la Agenda Urbana del área funcional del Val Miñor y la corrección de un error en las bases del Plan +Provincia 2025.
Con los votos favorables de los diputados del Grupo Popular y del BNG, a pesar del voto en contra de los diputados del PSOE, salió adelante la moción defendida por la vicepresidenta Luisa Sánchez para reclamar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que proponga nuevas alternativas al trazado propuesto para la A-52 por la grave afectación que provocará a propietarios en parroquias como Bembrive, en Vigo; y de Sanguiñeda, Petelos, Pereiras y Tameiga, en Mos; así como la apertura de un período de interlocución, institucional y técnica, con todos los ayuntamientos afectados para definir la actuación de modo que sea respetuosa con el territorio, socialmente viable y suponga una infraestructura adecuada y segura para la movilidad de la zona. Al mismo tiempo, se solicita también al Gobierno central la liberalización inmediata del peaje del tramo O Porriño-Puxeiros de la AP-9. “No hay duda sobre la necesidad de darle solución a la peligrosidad de la autovía A-55. Esta solución, si se quiere que sea inmediata, pasa por la liberalización del peaje del tramo O Porriño-Puxeiros de la autopista AP-9. La alternativa que requiere la ampliación de la A-52 hasta Vigo con la ejecución de un túnel, precisa que el trazado propuesto sea analizado con todos los ayuntamientos afectados, minimizando dentro de lo posible el impacto que va a tener sobre el territorio y sobre sus habitantes”, defendió Luisa Sánchez.
La sesión comenzó con la aprobación de los expedientes de contratación del servicio de limpieza y vigilancia para los centros y sedes de la Diputación. El primero está dividido en cinco lotes y supone una inversión total de 6,5 millones de euros para las dos próximas anualidades. Mientras que el segundo tiene un coste de 2,1 millones de euros por un período de dos años. Del mismo modo, también hubo acuerdo para aprobar una modificación de las bases del Plan de Obras y Servicios de la Diputación, el +Provincia del año 2025, por un error en la transcripción de la base sexta que no afecta al reparto de fondos entre los ayuntamientos. Y, por unanimidad, se aprobó también la actualización del catálogo de la red de carreteras provinciales, que cuenta con una extensión total de 1.652 kilómetros; y la adhesión de la Diputación al convenio de colaboración con la Xunta, la FEGAMP y el resto de diputaciones gallegas para el desarrollo de los Grupos de Emergencia Supramunicipales durante el período 2025 y 2027.
El pleno aprobó, con los votos favorables de populares y nacionalistas y la abstención de socialistas, el estudio de ordenación y delimitación de tramos urbanos en suelos de núcleos rurales en los márgenes de las carreteras provinciales. Se trata de una herramienta que mejora y simplifica los trámites administrativos para agilizar la concesión de licencias y autorizaciones urbanísticas en las parcelas que lindan con estas carreteras y que mejorará las relaciones entre la ciudadanía y las administraciones públicas. Asimismo, el voto favorable de los diputados del grupo popular y del grupo socialista, a pesar de la abstención del BNG, sirvió para aprobar la agenda urbana del área funcional del Val Miñor.
Por el contrario, fueron rechazadas las mociones presentadas por el PSOE, para exigir a la Xunta la adquisición del Pazo de Montesacro de Cambados para destinarlo a uso social; y la del BNG, para rechazar los proyectos de instalación de los parques eólicos marinos de Pinzón y Roleira.
