Más de dos meses desde las fuertes inundaciones sufridas la pasada Navidad, los alcaldes y alcaldesas de trece ayuntamientos del sur de la provincia de Pontevedra más afectados por los temporales reiteran su petición a la Xunta de Galicia de que declare el territorio como Zona de Emergencia de Protección Civil y establezca medidas de apoyo económico para asumir la rehabilitación de unos daños valorados por el momento en más de 10 millones de euros y a los que hay que sumar los sufridos por el sector agroforestal, empresas y particulares.
Regidoras y regidores de A Cañiza, A Guarda, As Neves, Baiona, Gondomar, Mondariz, Nigrán, O Rosal, Ponteareas, Redondela, Salceda de Caselas, Tomiño y Tui lamentan el “desprecio y abandono” de la Xunta no solo a los Ayuntamientos, que sufrieron seis semanas de inundaciones reiteradas, sino también a los casi 200.000 habitantes, a las pequeñas y medianas empresas y a las personas autónomas de este territorio.
“Enfrentamos solos esta situación desde el primer momento, incluso para poder hacer una valoración de los daños sufridos. Llevamos tres meses realizando y sufragando las reparaciones para recuperar servicios esenciales para nuestros vecinos, gastos por un valor que en algunos municipios es un tercio de su presupuesto anual. Estamos ante una situación complicada, sin saber cómo vamos a afrontar los costes y con la Xunta, la administración competente, desaparecida”, destacaron este jueves en una rueda de prensa en la que estaban presentes Xose Manuel Rodríguez (As Neves), Antonio Lomba (A Guarda), Ánxela Fernández Callís (O Rosal), Cristina Fernández (Ponteareas), Paco Ferreira (Gondomar), Verónica Tourón (Salceda de Caselas), Luis Piña (A Cañiza) y Xosé Emilio Barros (Mondariz).
Tras dos meses de silencio por parte de la administración autonómica, su presidente, Alfonso Rueda, respondió a la carta conjunta enviada el 1 de febrero por los 13 alcaldes y alcaldesas asegurando que la Xunta estaría dispuesta a trasladar hasta la zona al vicepresidente segundo para conocer los daños, aunque instando a los Ayuntamientos a organizar un encuentro en el que también estuvieran presentes representantes de otras administraciones.
“Es un verdadero desprecio a los municipios, a sus regidores y regidoras, al tejido empresarial y a los vecinos. En una situación extrema como esta son los Ayuntamientos los que demostraron estar del lado de la gente, asumiendo cuestiones en las que no tienen competencias por garantizar el bienestar de la ciudadanía”, aseguraron los regidores y regidoras. Recordaron además que el resto de administraciones respondieron con agilidad ante la delicada situación, ya que el delegado del Gobierno del Estado estuvo visitando la zona y explicando a los Ayuntamientos las distintas líneas de ayudas puestas a su disposición y la Diputación de Pontevedra habilitó crédito y una línea de ayudas para hacer frente a la reparación de los daños.
Ante el elevado balance de estragos, los ayuntamientos afectados urgen también a la Xunta una partida presupuestaria extraordinaria dada la excepcionalidad de los daños en estas comarcas, que no solo permitiría a los gobiernos municipales afrontar y reparar los daños, sino que también beneficiaría a millares de vecinos y vecinas que tienen que recomponer sus viviendas y propiedades tras los estragos causados por la fuerza inusual del agua y a personas autónomas y muchas pequeñas y medianas empresas que vieron dañadas sus instalaciones.
