El Bloque Nacionalista Galego denuncia el “sablazo” que va a suponer para los vecinos de Gondomar la nueva Ley del agua presentada por la Xunta del PP. El frente nacionalista registró una enmienda a la totalidad y pidió la devolución del proyecto de ley por el fuerte incremento de los costes para las familias, las empresas y las comunidades de aguas, así como por el grave impacto económico que tendría sobre las arcas municipales. La propuesta del BNG fue rechazada por el PP de un Feijóo que “presume de plan para rebajar impuestos en el Estado y se despide de la Xunta con una subida abusiva de impuestos”.
“Esta ley es una declaración hostil contra los ayuntamientos en un contexto de dificultades y una norma con una clara finalidad recaudatoria”, criticó el portavoz de Infraestructuras y Medio Ambiente del BNG, Luis Bará, que afeó que el Partido Popular quiera imponer este proyecto sin diálogo con los agentes implicados, ignorando las alegaciones presentadas por los ayuntamientos y las recomendaciones del Consejo Económico y Social.
Bará calificó la ley de “coercitiva” porque “obliga a todos los ayuntamientos, bajo amenaza de sanciones, a realizar una gran cantidad de obras”. Una circunstancia que, advirtió el diputado nacionalista, va a comprometer la capacidad de gasto de las entidades locales provocando subidas de impuestos. Además, subrayó que el proyecto no se ajusta a la realidad, pues fue elaborado hace más de un año, tachando de “irresponsable” un incremento de la presión fiscal en el actual contexto de inflación disparada.
Sablazo en Gondomar
Desde el frente nacionalista alertan de que el ayuntamiento de Gondomar va a ser uno de los más perjudicados de aprobarse el texto elaborado por el PP. En particular, por la subida de la tasa de gestión de la depuradora, cuyas previsiones de recaudación se incrementarían en más de medio millón de euros, de los 44 mil actuales hasta los 546 mil recogidos en el proyecto. “Esto significa multiplicar por 12 el coste actual, lo que va a acabar repercutiendo en los bolsillos de los vecinos de nuestro ayuntamiento”, lamenta la portavoz municipal y concejala, Manuela Rodríguez.
Ante esta amenaza, el BNG local había presentado en 2021 una moción en la que se instaba a la Xunta de Galicia a paralizar la tramitación del Anteproyecto de Ley de Mejora del Ciclo Integral del agua y a dotar a Galicia de una planificación integral de la gestión del ciclo del agua, contando para su elaboración con la participación de todas las entidades implicadas. La iniciativa, que fue aprobada en el pleno extraordinario de diciembre, solo contó con el voto en contra del grupo Popular de Paula Bouzós aduciendo que la Ley no iba a incrementar tasas sino “reordenar” los tributos que ya existen. “Si eso es lo que creen que significa, mejor será impedir que el PP nos re-ordene nada más”.
