La Guardia Civil y su lucha contra los furtivos por vía penal

FOTO: PABLO F. ESTÉVEZ // Marcos Lago Vidal, tenente-comandante do Posto Principal da Garda Civil Baiona-Nigrán.

A lo largo de los años la actividad extractiva del percebe ha convivido con aquellos que por su cuenta y riesgo deciden lanzarse a las rocas rasqueta en mano para sacarse unos euros sin tener las licencias correspondientes, saltándose las vedas y pasando por alto las tallas mínimas exponiéndose tan solo a faltas administrativas.

Sanciones y multas que en la inmensa mayoría de las ocasiones quedaban en saco roto debido a la insolvencia de los furtivos, lo que les permitía reincidir una y otra vez alimentando la economía sumergida mientras que los profesionales dados de alta sufrían las consecuencias de la extracción indiscriminada del crustáceo.

Si este hecho parece grave, hoy en día la situación es mucho peor y lesiva que antaño porque las actuaciones individuales hoy comparten hueco con las colectivas, que van en aumento.

Auténticas organizaciones formadas por un número considerable de personas que siguen las directrices de uno o varios “cerebros” o cabecillas que jerarquizan las operaciones muy bien delimitadas partiendo de la vigilancia, la extracción, transporte, distribución, contravigilancia o incluso su “blanqueo” para meterlos en el mercado como producto legítimo.

El teniente-comandante del Puesto Principal de la Guardia Civil Baiona-Nigrán, Marcos Lago Vidal, equipara este tipo de estructuras con las del narcotráfico, él es el responsable de la operación de mayor calado contra este tipo de actividad puesta en marcha en la Ría de Vigo.

“Rasqueta II” desarticuló una red cinco veces mayor a la de su predecesora en 2019 y que se saldó con 6 detenidos, 4 investigados y más de media tonelada de percebe incautado. Un crecimiento exponencial si se tiene en cuenta que de la primera a la segunda tan solo hubo poco más de un año de diferencia.

Gracias a la reforma del Código Penal en 2015 se abre una puerta a la penalización de la actividad al enmarcarse dentro de los delitos relativos a la flora y la fauna incluyendo las penas de prisión que de por sí no suelen acarrear cárcel al no superar los 2 años, aunque en casos de reincidencia sumada la pertenencia de organización ilegal este hecho sí que puede llegar a producirse.

“Esta actualización surge en respuesta a las demandas para reprimir de manera efectiva un fenómeno que genera graves problemas sociolaborales, sociales y económicos en un sector estratégico como lo es en Galicia”, explica.

Además de esta problemática se suman los riesgos potenciales de tipo sanitario ya que según explica el mando del Instituto Armado, “ya no es solo que los productos no pasen ningún tipo de control, sino que muchas veces se deja el crustáceo fuera del agua durante horas y a temperatura ambiente a la espera de ser trasladados, evadiendo nuestros controles de manera segura, con lo que en muchas ocasiones no serían aptos para el consumo”.

Lago reitera en este caso la actividad da un salto pasando de algo eventual a continuado “con dirigentes y participantes que están por delante, por detrás y en el lugar”, que acuden a doble marea a una media de 35-40 kilos por cada una lo que supondría un importe diario aproximado de 3.000 euros.

“Hablamos de que la cantidad incautada podría superar los 18.000 euros en el mercado sin tener en cuenta todo el producto que no localizamos, pero calculamos que este grupo pudo haber estado ganado sobre 30.000 mensuales a repartir entre cabecilla e integrantes del mismo”, incide.

Sobre su destino, el teniente del Puesto Principal Baiona-Nigrán precisó que es muy variado: desde la venta a particulares al sector hostelero. Sin embargo lo más llamativo de todo es el entramado puesto en marcha para legalizarlo.

Gracias a uno de los integrantes del grupo, mariscador dado de alta y socio de la Cofradía “La Anunciada” de Baiona, parte del percebe se ponía en el mercado con su guía de circulación. “Al ser un percebeiro en activo es conocedor de las zonas acotadas por el pósito, entre Monteferro y cerca de A Guarda, él se aprovechaba para adelantarse con sus socios y esquilmarlas dejando las rocas completamente arrasadas”, aclara.

Precisamente las denuncias interpuestas por la agrupación encabezada por su patrona, Susana González, fueron determinantes para desarticularla sumado a la colaboración incesante de los guardapescas y Guardacostas de la Xunta.

16 personas relacionadas con delitos de furtivismo

Desde los cambios realizados en el Código Penal en 2015, solo en el Puesto Principal de Baiona-Nigrán figuran un total de 16 personas implicadas en delitos de furtivismo ya que además de las operaciones “Rasqueta” y “Rasqueta II” también se llevaron a cabo intervenciones individuales.

Precisamente a inicios de año fueron juzgados dos furtivos enmarcados en la primera de ellas y otro más esta misma semana aunque actuaba en solitario. Se saldaron con penas de prisión, aunque inferiores a dos años, inhabilitaciones especiales además de sanciones económicas a excepción de la más reciente que no contempló cárcel.

Álvaro Lago Lusquiños, teniente del Seprona, asegura que esta actividad es todavía es más agresiva tanto con el medio ambiente como con los propios guardapescas sobre todo en la zona del Barzanza con grupos organizados que pueden llegar hasta las 40 personas pero en actividades de extracción ilegal de otro tipo de especies.

Aunque las de Baiona no son las primeras de la provincia, ya que en este ámbito la pionera fue en 2018, estas son unas de las pocas que acarrean privación de libertad al estimarse que existe un grave perjuicio de la sostenibilidad del recurso avalado por informes periciales. “En estos casos además constatamos que fuimos vigilados, incluso algunos controlaban los despegues del helicóptero para saber cuándo salíamos”, concluye.