Integrantes de la Asemblea Veciñal polo Transporte de Gondomar (AVTG), de la Federación de ANPAS del Val Miñor (FAVALMI) y de la Plataforma Veciñal Gondomar Servizos Xa! (PVGS) se reunieron en la mañana del viernes con representantes de las trabajadoras y trabajadores de la CIG en el comité del Grupo SUBUS del que forma parte Lugove, la empresa de transporte que opera en el Val de Miñor.
La reunión se concertó a raíz de la alerta pública a la ciudadanía y a las administraciones lanzada por el personal de Lugove ante el grave deterioro de las condiciones en que se está prestando el servicio de transporte público interurbano y escolar y de las consecuencias que esa situación puede provocar.
Precariedad laboral e incumplimientos legales
Desde la CIG relataron que la empresa ignora de manera reiterada el convenio colectivo de transporte de viajeros de Pontevedra, a pesar de las constantes denuncias por parte del personal y de las sanciones impuestas por la Inspección de Trabajo.
Entre las irregularidades más graves destacan las jornadas abusivas, con amplitudes horarias que llegan a las 15 horas diarias; descansos insuficientes, con incumplimiento sistemático de las 12 horas de descanso entre jornadas que convierten las excepciones legales en la norma habitual; tiempos de espera o “descanso” no remunerados, dentro de los propios autobuses, muchas veces en lugares aislados y sin servicios; vulneración de la “desconexión digital”. Apuntaron también que la falta de revisiones preventivas en los vehículos incrementa la probabilidad de averías graves y fallos en los sistemas de seguridad en ruta.
Los representantes sindicales trasladaron en la reunión que esta situación dejó de ser un conflicto puramente laboral para convertirse en un problema de seguridad pública. “La fatiga, el estrés y el deficiente mantenimiento de la flota de autobuses ponen en riesgo directo la seguridad de las personas usuarias”, indicaron.
Las y los trabajadores denunciaron una estrategia de “dilación y promesas incumplidas” por parte de la dirección del Grupo SUBUS, al tiempo que lamentaron que la empresa “opte por políticas represivas y sanciones en lugar de abordar las causas estructurales del conflicto”.
Ante esta actitud, anunciaron que no descartan la convocatoria de movilizaciones, paros o huelga si no se produce un cambio.
Demanda de seguridad y exigencia de responsabilidades
Por su parte, los colectivos de usuarios agradecen la información trasladada y reconocen que les alarma conocer esta situación por el peligro que supone para la seguridad de las personas trabajadoras y viajeras, muy especialmente en lo que respecta al alumnado del transporte escolar.
Indican que, como personas usuarias del transporte público, “debemos conocer y denunciar esta situación que supone un claro peligro para nuestra seguridad”. Por esa razón, entienden que “debemos señalar a quien la provoca, la empresa, sí, pero sobre todo a quien la permite, la Xunta de Galicia como responsable última del servicio”.
La Xunta rescindió el contrato a Lugove por los continuos problemas e incumplimientos en la prestación del servicio, y desde aquella la empresa sigue operando hasta que se adjudique de nuevo la concesión. Por la propia experiencia de uso del transporte público, los colectivos de personas usuarias ya tenían una opinión formada sobre esta empresa, pero ahora, “ante todo lo que estamos sabiendo de Lugove desde dentro, tenemos claro que no debería optar a la renovación de la concesión del servicio”.
En lo inmediato, hasta que entre una nueva empresa, las entidades vecinales y de la comunidad educativa instan al gobierno de la Xunta a actuar para que la dirección de Lugove atienda de inmediato a las justas demandas del personal, imprescindibles para garantizar la seguridad del servicio. Coinciden con los representantes de los trabajadores en que “la seguridad no es negociable”, y acuerdan trasladar a la Xunta que “le exija a la empresa el cumplimiento estricto de la legalidad” como única “garantía para mantener el servicio de manera eficaz y segura”.
