Alcaldes y portavoces del PP reclaman que se aclaren los aspectos que mantienen en vilo al sector del mar

Alcaldes y portavoces del Partido Popular en los ayuntamientos afectados por la modificación del reglamento general de costas, acompañados por los diputados nacionales María Ramallo y Javier Bas, reclamaron hoy al Gobierno de Pedro Sánchez concreción y que deje de dar bandazos con decisiones que crean inseguridad jurídica en un sector fundamental para la provincia. Una medida que afecta a conserveras, depuradoras, cocedeiros y, en definitiva, a todo el sector estratégico del mar que cuenta con una autorización en el dominio público marítimo terrestre, que frena inversiones y pone en peligro muchos trabajos.

María Ramallo, alcaldesa de Marín y diputada nacional del PP, denunció que “esta modificación pone en jaque la estabilidad de muchas industrias y empresas de la provincia, que dependen única y exclusivamente de una prórroga que hasta ahora la Ley de costas concedía con total criterio y normalidad”. Por eso, los populares piden que “el Gobierno conteste y aclare por escrito los aspectos que mantienen en venirlo a todo el sector”.

Fue en Vilagarcía de Arousa, y junto a Ramallo estuvieron alcaldes y portavoces de los ayuntamientos de Vilagarcía, A Illa, O Grove, Vilanova, Arousa, Cambados, Sanxenxo, Poio, Pontevedra, Bueu, Cangas, Moaña, Vilaboa, Soutomaior, Redondela, Vigo, Nigrán, Baiona, Oia, O Rosal y A Guarda.

Ramallo dijo que “tenemos miedo de que los criterios que se están marcando sean los que se incluyan finalmente en la modificación en la que trabaja el Ministerio”, y por eso se refirió a la “intranquilidad que está viviendo un sector que tiene una importante carga social, porque hay muchos trabajos en juego, pero también muchas inversiones. Esta inseguridad desalienta para hacer un plan de inversiones a medio o ancho plazo, y puede provocar un desastre si mucha de la industria del sector tierra-mar nos abandona”.

En cuanto a las principales incertidumbres que crea esta modificación del reglamento, la diputada destacó el plazo de las prórrogas de las concesiones. “En las primeras resoluciones administrativas vemos que hay un cambio de criterio a la hora de prorrogar las concesiones. El primer caso está en Cee, y por consecuencia de que las empresas no puedan contar con un plazo amplio de la prórroga impide hacer un plan de inversiones a medio y largo plazo. Las empresas precisan saber sí hay estabilidad, y por eso las concesiones tienen que concederse por un período más largo de tiempo”.

Por último, los populares recuerdan que nadie confirma a día de hoy que no se va a hacer una modificación de la ley. Y en esta línea, señalan que “las presiones del propio sector y del Partido Popular están provocando que en los últimos días el PSOE esté improvisando con este tema. Pero la experiencia nos dice que no son de fiar, y tememos que estén esperando a que pasen las elecciones gallegas para dar el hachazo, como ya hicieron con el AVE o con el IVA”. Así, recuerdan que al contrario de lo que están diciendo los socialistas, el borrador elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica sí existe, estuvo publicado en su página web y, de hecho, estuvo en exposición pública para que empresas y administraciones presentaran alegaciones.