La presidenta de Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, informó este viernes de la aprobación en Junta de Gobierno de la primera remesa de Ayudas Básicas de Emergencia que percibirán veinte ayuntamientos de la provincia, con una inversión de 175.000 euros. Estas ayudas están dirigidas a los 52 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y, como explicó Silva, todos las solicitaron y las percibirán, de manera que en próximas semanas se irán aprobando las restantes, con una inversión que asciende en total a 465.000 euros.
Silva explicó que estas ayudas sociales se destinan a gastos en alimentación, gastos de vivienda, pago de recibos, pago de productos de higiene y limpieza, pago de productos farmacéuticos, adquisición de electrodomésticos, pago de desplazamientos, pago de gafas o audífonos, pago de gastos derivados de tratamientos de odontología, pago de productos de apoyo y ayudas de apoyo a la infancia. Las personas beneficiarias, como añadió, “están en situación de emergencia y precisan ayudas de las administraciones, y esta Diputación destina recursos importantes para que todas las personas puedan tener unos mínimos derechos básicos garantizados”.
Más al por menor, en este primer turno de ayudas entran los ayuntamientos de A Cañiza, A Guarda, A Illa de Arousa, A Lama, Agolada, As Neves, Baiona, Barro, Campo Lameiro, Catoira, Cerdedo-Cotobade, Covelo, Forcarei, Fornelos de Montes, Meis, Moraña, O Grove, O Rosal, Poio y Salceda de Caselas. Los vecinos y vecinas podrán solicitar estas ayudas a través de los Servicios Sociales de sus propios ayuntamientos.
La presidenta de la Diputación recordó que en el 2018 estas Ayudas Básicas de Emergencia dieron cobertura a las necesidades básicas de 1.700 familias de los 52 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de la provincia. De ellas, 1.272 tenían menores a su cargo y 967 tenían a ambos progenitores en situación de desempleo. Asimismo, 299 eran familias monoparentales; 352 eran usuarias del Servicio de educación y apoyo familiar y 48 usuarias del Servicio de Ayuda en el Hogar. Además, 62 eran mujeres víctimas de violencia de género, 284 de las personas tenían diversidad funcional o grado de dependencia reconocido, y 255 eran personas mayores.
