El Concello de Baiona ha sido condenado a readmitir a Ángeles Silva, ex concejala del PP, cesada por el alcalde el pasado mes de marzo. El 19 de febrero presentó un escrito en el que solicitaba que se declarase su puesto como personal indefinido no fijo con la categoría de administrativo. La respuesta fue negativa, y además, fue destituida por el alcalde.
Aunque estaba contratada como cargo de confianza, Silva emprendió entonces acciones legales para demostrar que desempeñaba funciones equiparables a las de una administrativa y denunciar que su despido fue improcedente. La que fue concejala durante ocho años fue contratada por el ex alcalde Jesús Vázquez Almuiña, cesando cuando fue nombrado nuevo conselleiro de Sanidade. Cuando Rodal tomó las riendas del gobierno local, volvió a ser contratada.
La ex concejala asegura que desempeñó todo tipo de funciones equiparables a las de una funcionaria o de personal laboral, sobre todo de carácter administrativo. El Pabellón de Deportes, Urbanismo o Servicios Sociales, fueron algunos de los puestos que ocupó, cubriendo bajas o ausencias del personal.
Por su parte, el alcalde, Ángel Rodal, que aseguraba entonces que al ser un cargo de confianza, cuando no hay confianza, no puede continuar, adelantó que se encuentra estudiando la posibilidad de recurrir la sentencia emitida por el juzgado de lo social número 1 de Vigo que obliga al Concello a su readmisión, además del pago de en torno a los 9.000 euros en concepto de daños y prejuicios y atrasos.
En cualquier caso, Rodal manifestó que acata la sentencia pero que en ningún momento la comparte. Por otra parte, el regidor mantuvo que un puesto de confianza desarrolla tareas de diferente naturaleza, que no se enmarcan exclusivamente en un campo concreto, «con lo que no puede decir que la contratamos para un cometido pero que en la práctica es otro».
Esta es al menos la cuarta ocasión en la que la política de contrataciones del consistorio baionés tiene consecuencias judiciales. Hace escasos meses se vieron en la obligación de admitir a tres becarios como personal fijo tras una inspección de trabajo, uno de ellos de manera directa y los dos restantes tras denunciar por contrataciones irregulares.
