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UCN acusa al alcalde de ser el responsable del cobro de atrasos en el IBI

El portavoz del partido independiente Unión Centrista de Nigrán (UCN), Antonio Fernández Comesaña, lamenta la confusión que está provocando el alcalde entre los vecinos afectados por la regularización catastral llevada a cabo por el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General del Catastro, regularización efectuada a lo largo de los dos últimos años.

Ahora la Diputación, mediante su servicio de gestión y recaudación ORAL, ha comenzado a pasar las correspondientes liquidaciones con carácter retroactivo desde el año 2014. Los vecinos afectados no solamente tendrán que pagar cuatro ejercicios juntos (2014, 2015, 2106 y 2017), sino que también, en el mes de octubre deberán pagar el año 2018.

“Pretende desviar la atención y confundir a los vecinos al querer culpar de su cobro al Catastro, cuando la única responsabilidad es exclusivamente del propio Ayuntamiento, y por ende de su alcalde, a pesar de que el cobro lo realice la Diputación mediante el ORAL, por delegación del propio Ayuntamiento”, recuerda Fernández Comesaña.

UCN entiende que lo primero que tendría que haber hecho el alcalde es informar de la situación a los vecinos, colgando en su sede electrónica información veraz, y advertir que las comunicaciones que están recibiendo los vecinos mediante correo ordinario son meramente informativas, incluso con la posibilidad de recurrir, de existir errores, a pesar de que incluyen plazo para efectuar el ingreso de forma voluntaria.

UCN recuerda que al tratarse de liquidaciones por ingreso directo, tienen que forzosamente ser notificadas mediante carta certificada que acredite su recepción, situación que tendrá que producirse con posterioridad, y además, el Ayuntamiento debería haber organizado con el ORAL un servicio de información adicional para los afectados, así como la posibilidad de fraccionamiento de pago, cosa que el alcalde todavía no hizo.

UCN no comparte que se acuerden amnistías fiscales, ya que con motivo de la regularización catastral han aflorado más de 2000 unidades urbanas que no estaban tributando, y que si bien la ley obliga a cobrar únicamente los últimos cuatro años, sin embargo, la mayoría de las altas detectadas por el Catastro tienen una antigüedad superior a 10 años, por lo que todavía dejan de pagar impuestos por los seis años restantes, “dicho así parece que no ser políticamente correcto, pero es la realidad. ¿Qué podrán pensar los más de 12 mil contribuyentes que llevan pagando la contribución (IBI) de forma puntual y responsable y ver como ahora el alcalde pretende amnistiar a aquellos que no han cumplido con sus obligaciones fiscales?”.

Fernández Comesaña recuerda al alcalde y también Diputado Provincial, que debería ser conocedor de las competencias tanto del Ayuntamiento como del ORAL, y sino que le pregunte al Sr. Font, ya que recientemente salió publicado en prensa ante idéntica situación de un ayuntamiento vecino -gobernado por el PP- señalando que el ORAL se limita “a hacer la recaudación a petición del propio ayuntamiento” y en el mismo instante en el que su alcalde nos de la instrucción de paralizar la recaudación de los impuestos derivados de esta regularización lo haremos sin ningún tipo de objeción”.

En este sentido, recordaba el Diputado Provincial, que el procedimiento fue puesto en marcha por el Gobierno de España “sin que mediara queja formal alguna del Concello y de su alcalde” y califica de “lamentable que se intente confundir a la ciudadanía sobre las responsabilidades de este procedimiento recaudatorio”. Por lo que la misma receta que propugna el Sr. Font podría ser válida también para el alcalde Juan González, advierte el portavoz independiente.

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