La Seguridad Social reconoce errores en el cálculo de las pensiones en la provincia de Pontevedra

La CIG viene de reclamar que se revise el sistema de cálculo de las pensiones tras constatarse la presencia de errores que reducen las cantidades a percibir por parte de las personas jubiladas. Desde la central pusieron el caso en conocimiento del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), cuyos responsables reconocieron la existencia de problemas en el programa informático utilizado para determinar la cuantía de las prestaciones pero no explicaron de que manera han pensado garantizar que no se repitan.

La CIG detectó la existencia de errores en el cálculo de las pensiones en la provincia de Pontevedra que provocan una reducción de los ingresos que por este concepto perciben las personas jubiladas, ya que las bases de cotización de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) no coinciden con las bases reguladoras del cálculo que hace el INSS. La central ya comunicó esta problemática tanto en la comisión ejecutiva provincial como a nivel estatal en el consejo general del INSS.

Los dos organismos reconocieron la existencia de los errores encontrados por la central, mas no explicaron lo que han pensado hacer para que no se vuelvan a repetir. El propio director provincial de la TGSS aseguró que revisaron los casos aportados por la CIG y detectaron que “el incidente deriva de las reglas de gestión, filtros o controles que tiene implementados el programa ALFA para el cálculo de las pensiones”. En este sentido, indicó que estos problemas pueden ser revisados y depurados por la persona gestora en el trámite de reconocimiento de la pensión o en la fase de reclamación previa. Pero nada dijo de que manera piensan evitar que se vuelvan a producir.

En términos similares se expresó el secretario de Estado de la Seguridad Social a través de la directora general del INSS en el consejo general celebrado el pasado 21 de diciembre, en el que la CIG trasladó esta problemática a nivel estatal. También reconocieron la problemática, aunque intentaron restarle importancia aludiendo al hecho de que se detectaron pocos casos y de que las cantidades individuales son de escasa cuantía. Mas tampoco reveló de que forma garantizarán que los errores no se repitan, por lo que las reclamaciones de la central quedaron sin resolver.

En la CIG consideran especialmente grabe la actitud “irresponsable” de las personas y de los organismos encargados de tramitar unas pensiones públicas cuyas cuantías son en la mayoría de los casos “miserables” y que debido a estos desfases se reducen aún más. La central ya había indicado en los escritos remitidos al INSS que había detectado los errores en Pontevedra porque fue donde que se revisaron los expedientes, por lo que demanda de la Administración pública que compruebe se se están produciendo también en otras provincias. También había señalado que las cantidades que cada una de las personas cotizantes afectadas dejaba de ingresar podían resultar bajas, mas sumadas en conjunto significarían una cifra importante.

Reducción fraudulenta

Por lo tanto, desde la CIG exigen la revisión de un sistema de cálculo de las pensiones “que entendemos resulta perjudicial para las personas jubiladas, ya que nos encontramos con que a las ya de por sí cautivas prestaciones se suma ahora el hecho de que tiende a redondearlas a la baja”, en palabras del secretario confederal de Negociación Colectiva, Paco Sío. De hecho, la central había mostrado su preocupación ante las sospechas del que podía ser un nuevo mecanismo del Gobierno español para reducir de manera fraudulenta las ya de por sí depauperadas pensiones públicas gallegas, que año tras año se sitúan entre las más bajas del Estado y que continuarán cayendo como consecuencia tanto de la reforma impuesta por el PP en 2013 cómo de la que está tramitando en la actualidad.

Estos errores en el cálculo de las pensiones se descubrieron por primera vez hace ya tres años, cuando los servicios jurídicos de la Unión Local de la CIG de O Porriño encontraron durante la revisión de un expediente diferencias importantes entre las cantidades que figuraban en el informe de la Tesorería y las recogidas en la resolución final del INSS. A partir de entonces todos los casos que se analizan presentan deficiencias similares, lo que supone un perjuicio para las personas afectadas “ya que, curiosamente, siempre se equivocan a la baja”.

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