Para el BNG todo el procedimiento de renovación de la concesión de la piscina mancomunada viene viciada desde el inicio de su tramitación. Comenzando porque a la Junta de Gobierno de la Mancomunidad se le pasó la fecha de vencimiento de la misma, provocando que después de dos años sigamos en una situación de prórroga provisional. «Este hecho le vino muy bien a la empresa concesionaria para consolidar una alternativa privada en el Val Miñor y llevó unas incertidumbres que vienen afectando negativamente tanto a los usuarios y usuarias del servicio como a sus trabajadores y trabajadoras», subraya Xosé Marcote.
No contentos con esto, se tiene comprobado fehacientemente una serie de incumplimientos y vicios que el Bloque Nacionalista Gallego considera que deberían haberse iniciado varios expedientes sancionadores. Uso indebido de datos de contacto para el envío de publicidad de otra instalación, falta de mantenimiento de las instalaciones de renovación de equipos, reducción de cursos y horarios y traslado de personal son algunas de las actuaciones que la empresa concesionaria viene desarrollando impunemente. «Sí bien es cierto que el Presidente de la Mancomunidad reconoció haber trasladado apercibimientos, estos no fueron suficientes, a tenor de los hechos».
Por consecuencia es que en una instalación con más de 4.000 abonados y un promedio de usuarios diarios entre 800 y 1000 se produjeron más de 800 bajas durante este período de incertidumbre, sí bien fue compensado en parte con unas 400 noticias altas. «Y cómo no se van a producir estas bajas sí se han reducido cursos que ya estaban completos, debiendo tener que notificarles que se anulaban», recuerda el concejal nacionalista.
«Recientemente más de 150 usuarios recibieron una llamada de este tipo. Es curioso, porque en el estudio de viabilidad precisamente se relata un margen asumible de bajas entorno al 29% y de cursos de un día a la semana del 77%, nada más y nada menos».
El Bloque Nacionalista Gallego considera fundamental que se resuelva esta situación de una y vez y percibe una dejadez y despreocupación general de la mayoría de los miembros de la Junta de la Mancomunidad, confirmado en el momento en que sólo el BNG fue quien de presentar alegatos a los pliegos y que en la comisión informativa para el debate de las mismas sólo acudieran los concejales del BNG en Baiona y Nigrán, el Alcalde de Nigrán, el Alcalde de Baiona y un concejal del Partido Popular y del PSOE baionés. «Esto no menoscaba la actitud dialogante y con ánimo de entendimiento que se
desarrolló en esa comisión informativa, lo que permitió enriquecer la propuesta definitiva, concretando la inversión inicial obligada para la instalación de aire acondicionado en la sala de fitness y que el canon anual variable tenga un tope mínimo de 10.000 €, lo que garantizará que la empresa concesionaria evite la tentación de desatender los servicios en la instalación y la haga atractiva al mayor número de abonados y abonadas posibles», destaca Marcote.
Mas los concejales del BNG lamentaron que no se pudieron concretar otras propuestas, sobre todo la que consideraron fundamental y sobre la cuál se adquirió el compromiso de incorporar: estudiar la posibilidad de gestión pública, eliminando la necesidad de determinar una empresa concesionaria y encargándose la propia Mancomunidad de llevar a cabo el servicio. «Dos son los aspectos fundamentales por los que esta cuestión es imprescindible, siendo lo que determinó finalmente el sentido del voto nacionalista. La primera es que se evidenció que la Mancomunidad no tiene o no quiere tener los medios necesarios para la fiscalización de la ejecución del servicio, quedando a la discreción de la empresa concesionaria».
«La segunda es meramente económica. Si aceptamos las proyecciones del estudio económico-fnanciero presentado por Adantia, la gestión de la piscina mancomunada reportará unos beneficios medios anuales de 30.000 €, recursos que serían de inestimable ayuda a los maltrechos recursos de la Mancomunidad del Val Miñor».
Lamentablemente, el BNG considera que la mencionada dejadez de la mayoría de grupos va a impedir esta posibilidad. «Entendiendo que el Partido Popular tiene en su ADN la gestión pública a través de concesión privadas, no se puede obviar la responsabilidad del resto de los concejales de la Junta de la Mancomunidad, que deberían tener otra perspectiva en la gestión pública».
Es por esto que el BNG, para dar fin a esta incertidumbre que ya se alarga demasiado en el tiempo, y para posibilitar que los abonados y abonadas de la piscina mancomunada tengan un mejor servicio que el actual y los trabajadores y trabajadoras podan quedar tranquilas con su situación laboral, no se va a oponer a la propuesta presentada, mas no la puede apoyar en su totalidad.
Independientemente de esto, el BNG señaló que siguen existiendo cuestiones que deberían modificarse para evitar precisamente que el proceso se alargue más en el tiempo.
Observaron, en este aspecto, que en el anexo del plantel existen variaciones significativas respecto a la realidad, lo que puede producir complicaciones en la licitación, Por ejemplo, se relaciona información sobre el Director del Centro Deportivo, señalando una antigüedad de 15 años y hay constancia que la titularidad de esta función fue modificada recién. Lo mismo sucedió con varios monitores, de reconocida valía.
Consideraron los concejales nacionalistas que esta información debe ser fehaciente, ya que cualquier empresa que opte a la concesión podría considerarlo motivo de anulación de la licitación, hecho que volvería a prorrogar el período de incertidumbre.
Según el BNG, también está perdiéndose una ocasión para acometer otra serie de inversiones en las instalaciones, al optar por una concesión de solo cinco años de duración.
El BNG solicitó una mejora de la producción energética y bioclimatización, que sería una inversión a recuperar mediante un menor consumo de combustibles fósiles, la construcción de un vaso pequeño y vestuarios para los trabajadores y trabajadoras. El compromiso adquirido es que una vez vencida esta nueva concesión se estudiará acometerlas. El BNG lo demandará en ese momento, esperando que el compromiso se cumpla, mas lamentando que tenga que retrasarse en el tiempo.
Otra cuestión, aceptada y aprobada en el Pleno de la Mancomunidad, fue que en la propuesta de la Presidencia se había sometido la aprobación el estudio económico-fnanceiro, proponiendo que se retirara de los puntos a aprobar y se incorpore como un antecedente, después del último resultando, considerando que la Junta de la Mancomunidad no debe asumir la validez del mismo, sino que sea la empresa licitadora quien, tras su conocimiento y contraste, juzgue sí lo es o no.
Finalmente, tras el final de todo este proceso de licitación, el BNG exigirá de la Mancomunidad del Val Miñor la correspondiente fiscalización, en base a los deberes por parte de la concesionaria que se relatan en los pliegos y se impongan las sanciones que correspondan, de ser el caso. Sólo así se verá cumplida el deber de la Junta de Mancomunidad de garantizar que se desempeñe este servicio público de la mejor manera posible.
El compromiso final del BNG fue que a la finalización de los cinco años de concesión se opte por recuperar la misma para acometerla mediante gestión pública y se podan acometer también las inversiones que reclamaron mediante la presentación de alegaciones.
