El episodio de contaminación registrado en la desembocadura del río Muíños en el mes de agosto es, al juicio del BNG, de extrema gravedad, y no puede ser despachado como un incidente menor de escasa importancia. «La desidia de la Xunta, tardando dos días en comunicar al ayuntamiento la altísima concentración de bacterias que invalidaban las aguas para el baño no puede quedar sin ser aclarado y, probablemente, exija una revisión de los protocolos seguidos en estos casos», señala Xavier Rodríguez.
Según los nacionalistas, el ayuntamiento mostró una extraordinaria diligencia en la identificación del foco contaminante y su reparación, pero también una grave irresponsabilidad al no impedir el baño mientras se solucionaba el problema. «Parece que para evitar una situación de alarma no dudaron en seguir permitiendo una actividad que comprometía seriamente la salud pública», advierte el Portavoz Municipal del BNG.
Para Xavier Rodríguez, vecinos y visitantes estuvieron bañándose dos días en aguas no aptas por la inoperancia de la Xunta, y otros dos días por la inconsciencia de un gobierno municipal que parecía sólo querer evitar la mala publicidad. «La rapidez con la que el gobierno gallego inspeccionó la falta de señalización posterior, no tiene correspondencia con la parsimonia del aviso inicial, y deja un tufillo de actuación mediatizada por las diferencias políticas entre las dos administraciones», añade el nacionalista.
Rodríguez lamenta que la consecuencia es que los ciudadanos estuvieron expuestos varios días a un foco de contaminación por la negligente actuación de las administraciones, «y no es un riesgo menor».
«En este punto quiero trasladar que yo mismo conocí directamente estas consecuencias. Hace unos pocos años mi hija contrajo una infección de orina originada por e-coli después de bañarse en la playa de A Ladeira, por supuesto sin que hubiera la más mínima indicación al respecto por las autoridades competentes».
El BNG va a pedir la oportuna aclaración del episodio, solicitando en el ayuntamiento copia de la comunicación remitida por la Xunta en la apertura del expediente sancionador, así como del alegato presentado por el gobierno municipal. Al mismo tiempo, a través de sus representantes, presentarán una iniciativa parlamentar para tratar de determinar la actuación de la Xunta en este caso y conocer todos los extremos del mismo.
