El modelo de gestión comunitaria del agua de Tomiño protagonizó la intervención de la alcaldesa, Sandra González, en el seminario “Retos legislativos para el agua urbana”, celebrado este viernes en la Fundación Paideia de A Coruña. La regidora participó en representación de la Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) en un encuentro con especialistas del ámbito universitario, jurídico y de la gestión del agua, en el que reivindicó el papel de las traídas vecinales y la necesidad de adaptar la normativa a las particularidades del rural gallego.
En Tomiño, el 85% de la población se abastece a través de 36 traídas vecinales, un modelo de autogestión que lleva décadas garantizando el suministro a las viviendas del rural. El Concello mantiene una línea de colaboración continuada con estas comunidades, con una planificación plurianual de ayudas para la mejora de captaciones y depósitos, la financiación de las analíticas obligatorias, los sistemas de cloración y la adaptación a la normativa sanitaria. A estas medidas se suma el impulso a la digitalización mediante herramientas de telegestión y contadores inteligentes.
“Las traídas vecinales son mucho más que una infraestructura de abastecimiento. Son un ejemplo de organización comunitaria, de responsabilidad colectiva y de compromiso con el territorio. En Tomiño entendemos que apoyar a estas comunidades es apoyar un modelo que funciona, que forma parte de nuestra identidad y que merece ser reconocido por las administraciones”, destacó Sandra González.
Esta apuesta municipal también permitió establecer alianzas y compartir experiencias con especialistas y delegaciones técnicas de países como Irlanda, Escocia y Austria, alrededor de modelos de gobernanza comunitaria del agua.
Un modelo fundamental para Galicia
Durante su intervención, la alcaldesa recordó que las traídas vecinales abastecen a alrededor del 24% de la población gallega, un porcentaje que asciende al 33% en la provincia de Pontevedra, donde existen aproximadamente 1.600 comunidades de aguas. Una realidad que, según advirtió, continúa sin contar con el reconocimiento y acompañamiento institucional necesarios.
González puso el foco en las dificultades que afrontan estas entidades, gestionadas de manera voluntaria por los vecinos, con obligaciones administrativas y sanitarias cada vez más complejas y costes que pueden alcanzar los 6.000 euros anuales solo en las analíticas obligatorias. En este sentido, reclamó una mayor cooperación entre administraciones, apoyo técnico y económico y una simplificación de los procedimientos.
“Durante décadas, los vecinos y vecinas llegaron donde no llegaban las administraciones. Construyeron, mantuvieron y gestionaron sus propias redes de abastecimiento, y ahora tenemos la responsabilidad de garantizar que puedan seguir haciéndolo con seguridad y con los recursos necesarios”, señaló la regidora.
Una legislación adaptada al territorio
Como representante de la FEGAMP, Sandra González abordó también los retos del saneamiento en los ayuntamientos rurales, donde la dispersión de la población dificulta la extensión y el mantenimiento de las redes convencionales. Defendió el reconocimiento de la depuración autónoma como una alternativa válida, con garantías ambientales y apoyo técnico, y puso como ejemplo las ayudas que ofrece Tomiño para facilitar la legalización de estos sistemas.
La alcaldesa reclamó además mayor claridad en el reparto de competencias, cooperación institucional y financiación suficiente para que los ayuntamientos puedan afrontar sus responsabilidades.
“Lo importante no es que todos los territorios tengan las mismas infraestructuras, sino que todas las personas, vivan donde vivan, tengan garantizado el mismo derecho a unos servicios de calidad. Necesitamos que la legislación se adapte al territorio, y no al revés”, concluyó.
