La Xunta de Galicia mantiene bloqueada la construcción de vivienda de protección pública (VPP) en la provincia con más demandantes de la comunidad autónoma. La senadora del PSdeG-PSOE en la provincia de Pontevedra, Carmela Silva, considera “una catástrofe para la ciudadanía que cerca de 20.000 personas lleven años esperando, sin ninguna esperanza, por una vivienda pública”. “Es un fracaso sangrante; la auténtica medida del fracaso del PP, primero con Núñez Feijóo y ahora con Rueda”, señala.
En la provincia de Pontevedra hay 17.531 personas inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda Pública. Casi la mitad de las 36.398 personas inscritas en Galicia viven en algún ayuntamiento pontevedrés. “La Xunta de Galicia tiene el grueso de las competencias en materia de vivienda pública y dispone de más fondos que nunca porque se los transfiere el Gobierno de España, pero careció de voluntad política para construir un parque público de vivienda que cubriera la demanda social durante estos últimos 17 años”, afirma Silva.
La senadora socialista destaca que 12 municipios de la provincia acumulan más de 100 familias esperando oficialmente por una VPP. Vigo encabeza la lista, con 11.485; le siegue Pontevedra, con 2.363, y Vilagarcía de Arousa, con 606. En la relación aparecen también O Porriño, con 450; A Estrada, con 126; Baiona, 133; Bueu, 205; Cangas, 202; Marín, 178; Mos, 250; Poio, 125 y Sanxenxo con 191. Además, tienen alta demanda municipios como Redondela, Salceda de Caselas, Ponteareas y Lalín.
“Lo peor de esta situación de emergencia, ignorada por la administración competente, es que esas casi 20.000 familias de la provincia inscritas en el Registro de Demandantes no tienen ninguna esperanza de alcanzar su sueño”. “La propia Xunta de Galicia, siempre tan poco transparente, admite que entre 2009 y 2023 entregaron 779 viviendas públicas en esta provincia”, lamenta Carmela Silva.
Así, se puede comprobar que en Ponteareas dieron las llaves de una única VPP; en Silleda, 2; en Cangas, 13; en Poio, 1; en Salceda, 2; en Salvaterra, 3 o en Caldas de Reis, 2, por citar algunos ejemplos. En cerca de 50 de los 61 ayuntamientos de la provincia desconocen lo que es recibir las llaves de una VPP construida por la Consellería de Vivenda en estos últimos 17 años.
La senadora del PSdeG-PSOE concluye que los datos demuestran que la vivienda pública nunca fue una prioridad para el gobierno gallego ni para el Partido Popular, porque siempre concibieron el mercado inmobiliario como una actividad exclusiva para el sector privado e incluso, llegado el caso, para los “fondos buitre”. “Unas prioridades que encajan bien con la manera de entender la sociedad de la derecha, pero que cuadran muy mal con las necesidades reales de la gente”.
