El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo exige al Gobierno municipal de Abel Caballero la reapertura inmediata y completa de la Oficina Municipal de Información a las personas Consumidoras (OMIC), que lleva con sus puertas cerradas desde antes del verano sin que, según denuncia el frente nacionalista, el Concello ofreciera ninguna explicación.
El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, advierte de que cerrar este servicio y derivar a los vecinos a la oficina de Sanidad “no es una solución”, sino “una muestra más de la dejadez del Gobierno municipal” y “un abandono intolerable de los derechos de los vecinos de Vigo”.
Igrexas señala que la ausencia de un servicio municipal específico de defensa de las personas consumidoras resulta especialmente grave ante los continuos abusos a los que se enfrenta la ciudadanía, nombradamente por parte de grandes corporaciones y multinacionales. Por ello, además de reclamar su reapertura, el BNG propone una transformación profunda de la OMIC para convertirla en un verdadero servicio público de protección, prevención y defensa de los derechos de las personas consumidoras.
Refuerzo
La propuesta nacionalista contempla ampliar y descentralizar la atención presencial, llevando el servicio también a los barrios y parroquias y garantizando una atención integral y accesible, sin brecha digital. El Bloque reclama igualmente la creación de unidades específicas para combatir la pobreza energética, los abusos en el mercado de la vivienda y del alquiler y los nuevos fraudes digitales y financieros, con especial atención a las personas más vulnerables.
El frente nacionalista propone también poner en marcha un programa estable de educación en el consumo, crear un Observatorio municipal de los precios de la cesta de la compra y de los servicios básicos y constituir una mesa permanente de trabajo con el comercio local, el Instituto Galego de Consumo y las organizaciones de defensa de las personas consumidoras, con el objetivo de impulsar mecanismos de arbitraje y mediación rápidas.
Para Igrexas, la OMIC “no puede limitar su actividad a ser un mero mostrador burocrático”, sino que debe “dar respuesta rápida, mediar con eficacia y hacer valer los derechos de la ciudadanía”. En este sentido, defiende que el Concello debe asumir un papel activo como “verdadero escudo de protección social” ante los abusos que sufren las personas consumidoras.
“Si el mercado deja sola a una persona ante una multinacional, de una entidad financiera o de una gran compañía energética, el Concello no puede abandonarla también”, concluye el portavoz municipal del BNG.
