El personal de Lugove-Subus, concesionaria del transporte en autobús en la comarca del Baixo Miño y Val Miñor, trasladó este viernes a la delegación de la Xunta en Vigo las protestas contra la explotación y los constantes incumplimientos laborales y del servicio coincidiendo con la tercera jornada de huelga, que volvió a registrar un importante seguimiento. La compañía continúa sin ponerse en contacto con el comité de empresa ni intenta llegar a acuerdos para resolver las numerosas problemáticas denunciadas por la parte social, por lo que las personas trabajadoras decidirán en asamblea las siguientes movilizaciones tras las jornadas de paros de los pasados días 7 y 14 de agosto, sin descartar la convocatoria de una huelga indefinida.
El cuadro de personal de la empresa de transporte aprovechó la jornada de hoy para movilizarse en la estación de autobuses de Vigo a las 10:00 horas y delante del edificio autonómico a mediodía. En la terminal viguesa varias personas que formaban parte de un piquete fueron identificadas por la Policía Nacional cuando realizaban labores informativas, en consonancia con lo que que está sucediendo desde hace tiempo al amparo de la Ley Mordaza en un intento de reprimir la respuesta social y silenciar las reivindicaciones de la clase obrera.
El presidente del comité de empresa, Anxo Taboada, de la CIG, lamenta que la única respuesta que dio la dirección hasta ahora fue a través de los medios de comunicación para asegurar que tiene un compromiso claro con la movilidad y con la seguridad de las personas usuarias y trabajadoras, “una afirmación claramente hipócrita y cínica toda vez que no está haciendo nada por terminar con esta situación, y no parece que la cosa vaya a cambiar mientras la Xunta se lo permita”.
Recordó que el personal lleva años denunciando los numerosos incumplimientos de Lugove-Subus, tanto en materia laboral como en las medidas de seguridad y en el mantenimiento de la flota, lo que deriva en un incremento de las bajas y en que los incidentes en el servicio sean habituales. “Pero la respuesta de la empresa, en vez de atajar los problemas, es incoar expedientes y aplicarle sanciones a las personas trabajadoras”, censura.
Taboada señala que la empresa se escuda en que tiene pérdidas “para no invertir un duro” y mantiene un cuadro de personal ajustadísimo para cubrir las necesidades del servicio, lo que provoca una sobrecarga laboral y mental que afecta directamente a la salud de las personas trabajadoras.
Hay que destacar que Lugove-Subus está en situación de prórroga, pues la Xunta le rescindió el contrato y está en proceso de nueva licitación. Por ello, el personal también le reclama a la Administración gallega, como titular de este servicio público, que vele por los derechos y la seguridad tanto de las personas trabajadoras como de los usuarios.
En este sentido, Anxo Taboada denunció que el personal tiene que realizar jornadas muy amplias con disponibilidad de hasta 15 horas y no se cumple con el descanso legal entre jornadas, hasta el punto de que la empresa “convirtió en norma el descanso reducido excepcional y elabora los turnos anuales de trabajo sobre esta base”. Estas y otras prácticas -añadió- ya fueron sancionadas por la Inspección de Trabajo. A esto se añade un deficiente mantenimiento de la flota y que tampoco se está realizando una higienización adecuada de los vehículos, ya que es el propio personal conductor quien se encarga de las tareas de limpieza.
En cuanto al empeoramiento de la calidad del servicio que se le presta a la ciudadanía, citó el incumplimiento sistemático de los horarios o el hecho de que en muchas ocasiones las personas tengan que viajar de pie, con el consiguiente riesgo para su seguridad.
