La representación de la CIG en el Grupo Subus tiene convocada huelga para los días 7, 14 y 28 de agosto en respuesta a los reiterados incumplimientos de la empresa y a la pasividad de las administraciones competentes ante la precariedad con que se presta el servicio de transporte en autobús en la comarca del Baixo Miño y sur de Vigo. Para darle más visibilidad a sus reivindicaciones, el personal se concentrará este viernes a las 10:00 horas delante de la sede de la empresa en O Porriño (Polígono Industrial de A Granxa, parcela 3-4) mientras que los días 14 y 28 llevarán las protestas a la estación de autobuses de Vigo.
“Llevamos años denunciando incumplimientos laborales, deficiencias organizativas y problemas que afectan directamente a las condiciones de trabajo y a la seguridad del servicio”, denuncia la representación de la CIG. Señalan que muchos de estos defectos ya fueron objeto de actuaciones y sanciones por parte de la Inspección de Trabajo, “sin que eso supusiera una corrección efectiva de las prácticas denunciadas”.
Mientras tanto, la empresa Lugove (Subus-Vectalia) continúa ignorando las reivindicaciones del personal y respondiendo al incremento de las incidencias con una política basada en expedientes disciplinarios, sanciones e incluso en el despido de un compañero que entienden como una represalia por reclamar sus derechos laborales.
“La representación de la CIG consideramos este despido absolutamente injustificado, desproporcionado y un grave ataque a la libertad sindical y al ejercicio de los derechos de las personas trabajadoras”, aseveran. En este sentido, critican que lejos de solucionar los problemas estructurales del servicio, “la empresa parece optar por la intimidación y la represión de quien denuncia los incumplimientos y exige el respeto de la legalidad”.
Al mismo tiempo, lamentan que la lentitud con la que avanzan los procedimientos administrativos y judiciales “provoca que situaciones denunciadas desde hace años continúen produciéndose con absoluta normalidad, generando una sensación de impunidad que resulta incompatible con la prestación de un servicio público de estas características”.
Años de quejas y denuncias
La representación de la CIG en el Grupo Subus ya remitió hace unos meses un comunicado a la Xunta de Galicia, a los ayuntamientos afectados, a los centros educativos, a las ANPA y a otras entidades implicadas alertando del grave deterioro de las condiciones en las que se presta el servicio público de transporte de personas viajeras en estas comarcas y, muy especialmente, el transporte escolar.
A pesar de ser un problema que afecta no solo a los derechos del personal sino también a la seguridad y a la calidad de un servicio esencial, solo las plataformas vecinales y las ANPA mostraron el interés. Para la representación de la CIG resulta incomprensible “que la mayoría de los ayuntamientos y de los centros educativos no consideraran oportuno ponerse en contacto con la representación legal del personal para conocer de primera mano la situación denunciada”.
Consideran que esta grave falta de interés por parte de las administraciones “transmite un mensaje muy preocupante a la ciudadanía: que las condiciones en las que se presta este servicio no constituyen una prioridad mientras continúe funcionando”.
Ante esta situación y “después de años apostando por el diálogo, presentando propuestas y acudiendo a todas las vías legales y administrativas, nos vemos en la obligación de convocar huelga. Nuestra prioridad siempre fue resolver los conflictos mediante la negociación y evitar perjuicios, pero cuando la empresa y las administraciones optan por la inacción, el personal queda sin otra alternativa que defender sus derechos y la seguridad del servicio mediante la movilización”.
Llamamiento a la responsabilidad de la empresa y de la Xunta
A este respecto, aclaran que está en la mano de la empresa Lugove evitar la materialización de esta huelga “si abandona su actitud actual, cumple con la legalidad y adquiere compromisos reales, concretos y verificables para corregir los incumplimientos y garantizar unas condiciones laborales y de prestación del servicio acordes a la normativa vigente”.
Finalmente, la representación de la CIG hace un llamamiento a la empresa, a la Xunta de Galicia y al resto de administraciones para que asuman su responsabilidad y actúen con diligencia, más aún cuando está próxima la renovación de la concesión del servicio.
“Resulta imprescindible que se valore con rigor si la empresa está cumpliendo con las obligaciones en la gestión de un servicio público esencial”, reiteran. Porque la “ciudadanía merece un transporte público seguro, de calidad y prestado con todas las garantías, y las personas trabajadoras no pueden seguir soportando una situación que compromete tanto sus derechos como la propia seguridad del servicio”.
