Las eternas e inacabadas obras de mejora y remodelación del Parque de A Ramallosa finalizaron teniendo consecuencias económicas para el Concello de Nigrán, al tener que asumir este la parte de la actuación ejecutada fuera de plazo y, por lo tanto, no justificada en tiempo, y perder casi 200.000 euros de la subvención que a tal efecto tenía concedida la Diputación de Pontevedra.
En abril de 2025, por resolución de alcaldía, fue adjudicada la obra la ORESA, la misma empresa que formaba parte de la UTE a la que se intentó favorecer inicialmente en la licitación del contrato de la basura. El proyecto tenía un plazo de ejecución de 31 semanas que fue reducido a 23 en la oferta de la empresa, para recibir la máxima puntuación en este aspecto y llevarse el contrato, aunque después fuera incumplido.
Un contrato que según esa oferta de la empresa que le permitió ganar la licitación tenía que estar finalizado en octubre del 2025 y que, pese a que la Diputación prorrogó hasta en dos ocasiones el plazo de ejecución hasta extenderlo hasta mayo de 2026, la empresa fue incapaz de cumplir. Ahora, la consecuencia es que el Concello tiene que hacerse cargo de la parte de la obra realizada fuera de plazo y asumir los 188.289,52 euros perdidos de la subvención mediante una modificación de crédito.
Con todo, desde el BNG denuncian que el problema es que esto es una cuestión recurrente. El año pasado este gobierno ya perdió el derecho al cobro de varias subvenciones por no justificarlas en plazo, lo que motivó que esos fondos tuvieran que ser aportados por el Concello. “Especialmente significativa fue la mejora de caminos y ampliación de la red de saneamiento en Chandebrito, una obra llena de problemas que se eternizó y supuso la pérdida de 77.903,27 euros por no justificar en plazo parte de la obra”.
“Es evidente que el gobierno de Nigrán tiene un problema con la ejecución de las obras, que ya se iniciaron en este mandato con la obra sin fin de la remodelación de la calle Otero Pedrayo, y que prosiguieron con otras obras de saneamiento en las que ya se perdieron subvenciones por no ejecutarlas en plazo”, recuerdan Xavier Rodríguez.
“La responsabilidad es de un gobierno consentidor de los incumplimientos que no impuso ninguna de las penalidades previstas en los contratos por la demora injustificada en su ejecución, por lo que el alcalde se convierte en cómplice de la alteración de las propias licitaciones al permitir el incumplimiento de uno de los criterios de adjudicación”, concluyó el portavoz municipal del BNG.
