El grupo provincial del BNG va a reclamar que la Diputación, a través del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (ORAL), reconozca de oficio la exención del IBI a las comunidades de montes en mano común. La diputada Manuela Rodríguez advierte de que, dado que existe jurisprudencia que confirma que estas entidades no deben pagar ese impuesto, la administración provincial ahorrará molestias y pleitos si las excluye de sus listados de contribuyentes sujetos al pago.
La nacionalista viene de presentar una moción para su debate en el Pleno del próximo día 26 con el objetivo de que las entidades locales y en este caso el ORAL -que tiene delegados los cobros de buena parte de los ayuntamientos de la provincia-, unifiquen sus actuaciones y se ajusten estrictamente a derecho.
La iniciativa nacionalista surge después de que la dirección de la Organización Gallega de Comunidades de Montes en Mano Común (ORGACCMM) volviera a denunciar públicamente que algunas administraciones locales pontevedresas siguen aún pasando al cobro el IBI de manera indebida. Según explica la diputada, esta situación genera una enorme “desesperación” en las juntas rectoras, ya que habitualmente las administraciones locales derivan las responsabilidades unas en las otras: “Los ayuntamientos pasan la pelota al ORAL y este a los ayuntamientos”, critica Rodríguez.
El BNG recuerda que la exención del IBI a las comunidades en mano común está blindada tanto por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales como por la Ley estatal de montes vecinales en mano común. El conflicto, subraya Rodríguez, suele aparecer porque los ayuntamientos interpretan de forma incorrecta que la exención solo se aplica al suelo forestal, y pretenden cobrar el IBI por las construcciones comerciales o industriales erigidas en el monte que están arrendadas a terceros. Sin embargo, las administraciones locales, insiste la nacionalista, actúan sin tener en cuenta que los ingresos que generan esas instalaciones “revierten en sufragar gastos asociados al propio monte y, en definitiva, redundan en su objeto y beneficio social”.
La moción del Bloque se apoyará en la jurisprudencia definitiva fijada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Los tribunales determinaron de forma clara que la exención del IBI para los montes vecinales abarca la totalidad del perímetro clasificado, incluidas las edificaciones, “con independencia de su origen, sus posibilidades productivas, su aprovechamiento actual y su vocación agraria”.
La diputada nacionalista incide en el “absurdo administrativo” que supone mantener la inercia recaudatoria que obliga al ORAL a realizar un doble trabajo “totalmente inútil”. Según explica Rodríguez, el organismo provincial destina primero recursos humanos y técnicos a gestionar, emitir y cobrar unos recibos del IBI a las comunidades de montes que vulneran la ley, para después -una vez que estas ganan las reclamaciones o los procesos judiciales- tener que activar un segundo proceso de devolución de los importes, incrementados además con los correspondientes intereses de demora.
Por todo esto, el BNG solicitará formalmente en el Pleno que “el conjunto de las entidades locales de la provincia y/o a los organismos de gestión de cobro de los tributos municipales (como el ORAL) reconozcan expresamente el derecho a la exención del IBI a las comunidades de montes y, en consecuencia, a excluirlas de manera definitiva del padrón municipal de contribuyentes obligados al pago de ese impuesto”.
