El diputado del BNG en el Parlamento gallego, Paulo Ríos, mantuvo una reunión con los delegados de la CIG miembros del Comité de Subus Lugove, para analizar, desde el punto de vista laboral, la situación que atraviesa el servicio de transporte prestado por esta empresa en el Val Miñor. El portavoz de movilidad y transporte del BNG estuvo acompañado de Yasmina Moreira, Manuela Rodríguez y Xavier Rodríguez, representantes de la organización nacionalista en Baiona, Gondomar y Nigrán, respectivamente.
En la reunión los representantes sindicales trasladaron los incumplimientos reiterados del convenio colectivo de transporte de viajeros de Pontevedra, con imposición de jornadas abusivas, descansos insuficientes y otras irregularidades constantes que ponen en riesgo su seguridad y la de las personas usuarias del transporte público.
Ante ese relato, Ríos acusó directamente a la Xunta de Galicia de no actuar ante los reiterados incumplimientos de la empresa concesionaria, a pesar de ser conocedora de las constantes denuncias por parte del personal y de las sanciones impuestas por la Inspección de Trabajo. Denunció, además, que esta actitud de “absoluta permisividad y complicidad” por parte del gobierno gallego “redunda directamente en el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras”.
El diputado nacionalista recordó las múltiples dudas y procedimientos judiciales que rodearon las licitaciones del Plan de Transporte de Galicia, que incluían sospechas de repartos ilegales de mercado y aceptación de bajas temerarias. Asimismo, calificó de “escandaloso” que, tras años de deficiencias, la Xunta ejecutara el rescate de varias concesiones alegando un “mutuo acuerdo” con las empresas. “La Xunta prefiere salidas ‘amistosas’ en vez de abrir expedientes por incumplimientos reiterados, ocultando la información de las condiciones en las que se estaban desarrollando esos contratos”, señaló.
Durante el encuentro, Ríos denunció con firmeza que los contratos actuales, que fueron rescatados por la Xunta de Galicia, acumulan “muchísimos incumplimientos en los últimos años” sin que el Ejecutivo autonómico tome medidas al respecto. Según explicó el diputado, esta “falta de control y de sanciones” por parte de la Administración pública influye de manera directa en la precariedad que sufre el cuadro de personal.
En el caso concreto de LUGOVE en el Val Miñor y el Baixo Miño, desde el BNG subrayaron que la empresa “incumple absolutamente todo en materia laboral”, obligando a los profesionales a sacar adelante el servicio “poniendo la carga en su propio lomo”. Esto se traduce en un servicio deficiente y en que, por encima, sean los propios conductores los que tengan que “dar la cara ante los usuarios por un mal servicio que la Xunta permite”.
Para el BNG, la Consellería de Presidencia e Mobilidade está haciendo una “dejadez de funciones manifiesto”, olvidando que es la titular del servicio y la máxima autoridad laboral. Señalan directamente a la Xunta de Galicia por su “permisividad” y le exigen actuar de inmediato y dejar de beneficiar a las empresas concesionarias incumplidoras y precarizan.
En ese sentido, Paulo Ríos insistió en que para mejorar el servicio “la Xunta debe tomar cartas en el asunto de manera urgente, ponerse del lado de los trabajadores y trabajadoras, exigir a la empresa que cumpla estrictamente lo recogido en el contrato en materia laboral y atender de forma inmediata las demandas del personal”, concluyó.
