La presión de la CIG, con movilizaciones y reclamaciones constantes, fue quien de reactivar la mesa de trabajo sobre el protocolo contra la violencia en el Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) a nivel gallego. Con todo, la central sindical lamenta el retraso en el proceso, teniendo en cuenta que transcurrió ya casi un año del asesinato de la trabajadora del SAF del Concello de O Porriño, al tiempo que advierte de que el preacuerdo alcanzado el martes tiene que venir acompañado de un compromiso por parte de la patronal de negociar el convenio colectivo, así como de los cambios normativos y los recursos necesarios por parte de la Xunta de Galicia para que el documento “no quede en papel mojado”.
Tras la concentración convocada por la CIG el pasado 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, en la que numerosas personas trabajadoras del SAF desarrollaron una concentración delante del Concello de O Porriño para exigir medidas reales de protección de su salud y seguridad, la FEGAMP convocó nuevamente la mesa de trabajo para reactivar la negociación del protocolo de prevención y actuación ante situaciones de violencia laboral en el sector. Desde la central sindical recuerdan que esta movilización tenía como objetivo denunciar la falta de respuestas efectivas por parte de la Xunta, de los Concellos y de las empresas concesionarias, y reclamar “que se dejen atrás las promesas vacías” para poner en marcha, de una vez, medidas eficaces que garanticen la integridad física y psicológica del personal del SAF.
Este martes 19 de mayo tuvo lugar una nueva reunión de negociación de este protocolo, en la que participaron representantes de las entidades locales, del ISSGA, de la Consellería de Política Social, de las organizaciones sindicales, del Colegio Oficial de Trabajo Social y de la patronal del sector en Galicia. Después de nueve meses de trabajo y negociación, se alcanzó un preacuerdo sobre un protocolo de referencia para el sector. Sin embargo, la propuesta de la CIG, este documento irá acompañado de un compromiso de todas las partes para garantizar recursos suficientes y cambios normativos que blinden las garantías acordadas.
La central sindical alerta de que, con la actual política de la Xunta, basada en la privatización, en la precarización del servicio y en la anulación o limitación de medidas acordadas en los Concellos, el protocolo “corre el riesgo de quedar en papel mojado”.
Blindar derechos y evitar consecuencias para el personal
En este sentido, además del propio protocolo, todas las entidades participantes asumirán un compromiso complementario que recoja las propuestas defendidas por la CIG durante la negociación. En el caso de los Concellos, deberán incorporarse garantías en los pliegos de contratación, reforzarse los recursos de los servicios sociales, realizar un seguimiento activo del cumplimiento normativo, garantizar la coordinación de las actividades preventivas y avanzar hacia un servicio público de atención a los cuidados.
Las asociaciones empresariales prestadoras del servicio deberán comprometerse a activar de inmediato la mesa de negociación del convenio colectivo para hacer viable el cumplimiento del protocolo e introducir todas las medidas necesarias para garantizar los derechos de las personas trabajadoras. Por su parte, las organizaciones sindicales también asumirán el compromiso de impulsar esa negociación colectiva con el objetivo de blindar en el convenio las garantías derivadas del protocolo e impedir que la aplicación de las medidas de protección recaiga sobre las trabajadoras.
Por un nuevo modelo público de atención a los cuidados
Para la CIG, este acuerdo debe ser un primer paso para cambiar de raíz un modelo que ha demostrado su fracaso. “El SAF es un servicio esencial que no puede seguir sosteniéndose sobre la precariedad laboral, la falta de prevención y la desprotección de las trabajadoras”, sostienen.
Todas las entidades participantes comparten la necesidad de trasladarle a la Xunta la urgencia de acometer los cambios normativos precisos para armonizar los derechos de las personas usuarias con los derechos de las personas trabajadoras, garantizando siempre que la organización del servicio respete la seguridad, la salud laboral y la dignidad profesional de quien presta los cuidados. “No bastan las declaraciones ni los documentos si luego no se ponen medios, no se asumen responsabilidades y no se blindan derechos. Las trabajadoras del SAF tienen derecho a volver vivas y sanas de su puesto de trabajo”, inciden desde la CIG.
Finalmente, desde la central anuncian su intención de llevar a cabo un acto en recuerdo de la compañera del SAF de O Porriño asesinada en su puesto de trabajo en julio del año pasado coincidiendo con el primer aniversario de un suceso que evidenció la falta de protección y seguridad que padecen las personas trabajadoras del sector.
