La CIG aprovechó la celebración hoy, 28 de abril, del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para reclamar medidas de protección reales para la clase trabajadora “porque la vida y la salud no pueden seguir siendo una materia de segunda ni de tercera para las empresas y las administraciones”. Más de 150 personas delegadas de la central sindical desarrollaron una concentración delante del Concello de O Porriño para exigir también responsabilidades tras el asesinato el pasado verano de la compañera Teresa, empleada del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) en esta localidad.
El acto sirvió también para recordar a todas las personas trabajadoras que perdieron la vida, que enfermaron o que quedaron marcadas por un accidente laboral o unas condiciones de trabajo indignas, porque muchas empresas y administraciones, “lejos de protegernos, establecen medidas para garantizar beneficios a costa de nuestra salud”, tal y como se señala en el manifiesto que se leyó al final del acto.
Y para denunciar un modelo laboral y social que abandona la prevención, que normaliza la precariedad, que externaliza servicios esenciales, que impone ritmos imposibles y que deja a las personas trabajadoras sin protección real delante de los riesgos. “Porque la salud laboral implica tener medios, personal, tiempos de trabajo humanos, formación real, equipos adecuados, organización preventiva, derecho efectivo a la participación sindical y capacidad para parar un trabajo cuando existe peligro”.
Cuestiones que en la actualidad siguen sin estar garantizadas en nuestro país, hasta el punto de que el año pasado se registraron en Galicia 27.553 accidentes con baja en jornada laboral, más que en el año anterior. “Hablamos de millares de personas trabajadoras que sufrieron lesiones en su puesto de trabajo; hablamos de 376 accidentes graves; y hablamos de 45 muertes en jornada laboral y de otras 10 muertes camino del trabajo”.
Estos datos se reflejan de manera especialmente preocupante en O Porriño, centro de una de las áreas industriales y laborales más importantes del país, “donde la riqueza se produce con el esfuerzo diario de millares de personas trabajadoras”. En esta localidad precisamente fue asesinada en su puesto de trabajo la compañera Teresa, empleada del SAF del Concello de O Porriño. “Esta muerte fue el detonante para que socialmente si tomara consciencia de las condiciones de las trabajadoras de los cuidados. Escuchamos promesas de mejora que nunca se ejecutaron, porque el modelo de privatización de este servicio público no permite poner en riesgo los beneficios de las empresas concesionarias por proteger a las trabajadoras”.
A pesar de esto, la patronal y las administraciones vienen de poner en marcha una “brutal campaña” para culpabilizar a las personas trabajadoras que enferman, para presentar las bajas médicas como un problema empresarial y para negar la salud como un derecho. “Por ello hoy también decimos con toda claridad: enfermar no es un delito; estar de baja no es absentismo, no es un fraude, especialmente con el deterioro de la sanidad pública que padecemos en Galicia”.
En este contexto, resulta especialmente grave la actuación del Instituto Nacional de la Seguridad Social que está incumpliendo los plazos legales para resolver situaciones de incapacidad temporal y suspendiendo el pago de las prestaciones económicas, “dejando a la gente sin ingresos y en una situación de absoluta indefensión”.
Protocolo de protección efectivo para el SAF
A continuación, tomó la palabra una trabajadora del SAF de O Porriño, que recordó “algo muy básico:” ninguna persona debería jugarse la vida por ir a trabajar. Y aseguró que tanto para ella como para sus compañeras “hablar de salud laboral no es hablar de algo lejano, es hablar de nuestra vida diaria. Es hablar del miedo, de la inseguridad y de la falta de protección con la que muchas veces tenemos que hacer nuestro trabajo”.
En este sentido, reconoció que tras el asesinato de la compañera Teresa “todas pensamos que algo iba a cambiar de verdad, que por fin se iba a actuar y que se iban a tomar medidas serias para protegernos. Pero pasó el tiempo y la realidad es que seguimos esperando por medidas reales, por más protección y por respuestas”.
En consecuencia, la CIG viene de registrar más de 600 firmas de personas trabajadoras del sector de los cuidados para demandar un protocolo efectivo que sirva de verdad para proteger los cuadros de personal y que se reactive ya la negociación del convenio para dignificar las condiciones laborales, “porque la Xunta tiene que asumir su responsabilidad y dejar de mirar para otro lado”.
Finalmente, censuró que se siga manteniendo un servicio esencial sobre la precariedad y la desprotección de las trabajadoras. “Por ello, también es preciso que este servicio deje de ser un negocio y sea un servicio público de atención a las personas, prestado directamente por la Xunta de Galicia, que es quien tiene las competencias”.
