La Corporación municipal de Vigo acordó en la sesión ordinaria de este lunes urgir a la Consellería de Educación a convocar en 2027 las plazas del profesorado del instituto Domingo Villar para que el cuadro docente esté completo en el inicio de la actividad del nuevo centro en 2028. La iniciativa salió adelante con los votos a favor de los concejales del PSOE y del BNG y la oposición del grupo municipal del PP.
La concejala de Urbanismo, María Xosé Caride, recordó hoy que el Concello cedió los 12.000 metros en los que se construye el instituto de Navia y que el retraso en el inicio de las obras, que fueron comprometidas por el conselleiro de Educación para el año 2025, es responsabilidad de la Xunta de Galicia. Durante el debate, el PSOE aceptó una enmienda del BNG, que también se aprobó, para demandar a la administración gallega cambios en los criterios de zonificación escolar de Vigo. Esto permitiría que el alumnado de Navia y Coia realice los estudios secundarios en los institutos de sus barrios.
La corporación también urgió a cumplir con los compromisos y la colaboración institucional entre las administraciones fijados en el convenio y que no fueron respetados en el inicio de la edificación al no convocar al Concello de Vigo. Los corporativos acordaron reclamar la gratuidad del transporte público para todos los alumnos de Navia y Coia que el año que viene estudien en el IES de Valladares a consecuencia del retraso en la construcción del instituto Domingo Villar.
Mejoras en colegios
En el pleno ordinario de abril también fue aprobada una moción del grupo municipal socialista que insta a la Xunta a elaborar de forma inmediata un plan para afrontar la reforma integral de las infraestructuras educativas de Vigo que padecen el “abandono” por parte de la Xunta. La concejala de Educación, Olga Alonso, recalcó que mientras en colegios del resto de Galicia la Xunta realiza importantes inversiones, en Vigo padecen constantes retrasos a pesar de la antigüedad de las instalaciones y de la urgencia de realizar mejoras que son competencia de la administración autonómica.
