El BNG de Baiona ve insuficiente la retirada de competencias y exige el cese de Bahamonde

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ve insuficiente la retirada de competencias al concejal José Ángel Bahamonde y exige su cese inmediato. El frente nacionalista llama a convocar un Pleno extraordinario para depurar las responsabilidades políticas ante la “ocultación” de la actividad del ex edil de Urbanismo como socio de una empresa que construye apartamentos turísticos en el ayuntamiento.

El portavoz municipal del BNG, Iago Pereira, considera “indecente” que se mantenga en la Corporación “un minuto más” al concejal, después de que el alcalde de Baiona anunciara este jueves que le retira las competencias de Urbanismo pero que continúa al frente de las áreas de Medio Ambiente e Infraestructuras. “No llega con apartarlo a un segundo plano”, afirma.

Para el Bloque es “evidente la incompatibilidad política”, más allá de las consecuencias legales, de la actividad privada de Bahamonde con sus responsabilidades sobre la planificación urbanística, en un ayuntamiento que padece un “grave problema” de acceso a la vivienda. “Mientras los vecinos no encuentran dónde vivir, el edil de Urbanismo que debía ofrecer alternativas se dedica a promover apartamentos turísticos”, afea Pereira.

Tacha de “insuficientes” las explicaciones ofrecidas por Bahamonde en relación a su declaración de incompatibilidades. Y de “insulto a la inteligencia” lo referido a que considera que tenía que hacer dicha declaración de incompatibilidades una vez finalizado el mandato, cuestionó el portavoz municipal del Bloque de Baiona.

También apunta que “todo esto agravado por la situación ilegal de la empresa de la que es socio con otro ex concejal del PP en el ayuntamiento de Gondomar como así indica el informe de la secretaría de ese Concello”.

Por estos motivos, el frente nacionalista cree “urgente y necesario” que se convoque un Pleno extraordinario para aclarar las responsabilidades políticas, entre ellas el papel del alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, a quien acusan de ofrecer versiones contradictorias sobre cuándo conoció la actividad privada del edil de su gobierno y mantenerse en silencio sobre la situación urbanística de la empresa en el ayuntamiento de Gondomar.