El grupo municipal del PP de Tomiño viene de acusar al gobierno local del BNG de “abandonar y castigar” a las comunidades de usuarios de agua y a los demás colectivos, como comunidades de montes o asociaciones, por cobrarles indebidamente en los últimos años la totalidad del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) en sus actuaciones de abastecimiento, de interés público u orientadas al bien común a pesar de que existe desde hace muchos años una bonificación en la ordenanza fiscal reguladora.
Por eso, le exigieron al ejecutivo de Sandra González que comience a aplicar de inmediato estos descuentos a los que estas entidades tienen derecho y deje de “maltratar a unas asociaciones que, en el caso de las comunidades de agua son una referencia a nivel gallego y que, con su gran trabajo, suplen por completo una competencia municipal que le correspondería al Concello, mientras que en lo que alcanza a los demás colectivos son fundamentales para el dinamismo del municipio.
Los populares presentaron una moción en el pleno municipal de esta semana en la que demandaban que estas bonificaciones en las obras de abastecimiento o de interés público, de hasta el 95% de su importe, fueran efectivas y consiguieron que dicha propuesta fuera aprobada por unanimidad, por lo que reclaman su aplicación inmediata.
El PP tomiñés recordó que estas bonificaciones fueron la principal demanda de las comunidades de usuarios de aguas del ayuntamiento en la presentación del Plan +Aqua de la Diputación de Pontevedra celebrada hace algunas semanas en Tomiño, por lo que trasladaron esta reivindicación al pleno con el objetivo de intentar captar la sensibilidad del gobierno del BNG tras años de cobro indebido tanto a estas entidades como las restantes del ayuntamiento, también muy interesadas en esta medida.
La portavoz municipal, Mónica Otero, y la concejala Alba Martínez, también lamentaron las excusas del gobierno nacionalista en la sesión plenaria, admitiendo que esas bonificaciones están recogidas en la ordenanza, pero que no las aplicaron a lo largo de los últimos años alegando que “son poco dinero y que exigiría de cierto procedimiento administrativo farragoso”.
“Para el Concello un impuesto de 300 o 400 euros será poca cosa, por lo que tampoco entendemos su interés en percibirlo si, como dicen, no les va a salvar de nada, pero para nuestras comunidades de agua, comunidades y asociaciones se trata de una cifra importante para comprar material o hacer pequeñas obras. Pueden ser pequeños detalles que les marquen la diferencia en su excelente gestión y, además, tienen derecho a estas bonificaciones, no se les está regalando nada”, explicaron las dos concejalas.
