La mayoría de la Corporación dio luz verde a la ordenanza para regular las viviendas de uso turístico, un proyecto que garantiza la seguridad jurídica, la convivencia vecinal y el derecho a la vivienda. La ordenanza salió adelante con los votos favorables del PSOE.
La concejala de Urbanismo, María Xosé Caride, explicó que esta nueva normativa se enmarca en el nuevo PXOM, que ya regula el uso terciario para este tipo de actividades, y recordó que se trata de establecimientos destinados al alojamiento temporal, sin carácter de residencia habitual.
La ordenanza establece la obligatoriedad de contar con el correspondiente título habilitante como condición previa para la explotación de la actividad, lo que proporciona seguridad jurídica tanto a los titulares de las viviendas como a los vecinos y vecinas.
Entre los puntos clave de la normativa, destaca que las viviendas de uso turístico solo podrán implantarse en edificios de uso completo destinados a este fin o en plantas altas y bajas, siempre que se garantice la independencia de acceso respecto a las viviendas residenciales. Además, la ordenanza prohíbe expresamente la implantación de viviendas turísticas en aquellas que fueran objeto de rehabilitación o reforma con ayudas públicas, así como en las que cuenten con algún tipo de protección.
Caride aclaró que el Concello de Vigo podrá declarar, previo estudio y tramitación administrativa, determinadas áreas, barrios, calles o zonas del término municipal como zonas saturadas o de intensidad limitada para el uso de viviendas turísticas. La ordenanza contó con el voto en contra de PP y BNG.
Agilización de licencias
El Pleno también aprobó una nueva ordenanza reguladora de licencias con el objetivo de agilizar los procedimientos administrativos, fomentar la actividad económica y facilitar la implantación de soluciones sostenibles. La propuesta prevé la reducción de los tiempos de tramitación para la realización de obras y actividades de bajo impacto, permitiendo a la ciudadanía iniciar ciertos trabajos presentando únicamente una comunicación previa o declaración responsable, sin necesidad de esperar licencia municipal. Esta reforma afecta especialmente a actuaciones menores en viviendas y locales, así como a la apertura de negocios de bajo riesgo.
El texto incluye novedades en materia de sostenibilidad y movilidad, regulando, por ejemplo, la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos y sistemas de energías renovables en cubiertas de edificios.
Según explicó Caride, las obras en edificios históricos, de alto riesgo o que afecten a la estructura o elementos protegidos, seguirán requiriendo de la licencia urbanística tradicional, garantizando así la protección del patrimonio y la seguridad de las actuaciones.
En cuanto a la tramitación de ambas ordenanzas, una vez aprobadas inicialmente por el Pleno municipal, serán sometidas la información pública durante un plazo de 30 días hábiles, para que la ciudadanía pueda presentar alegaciones o sugerencias. En el caso de no existir alegaciones, las ordenanzas quedarán aprobadas definitivamente; si las hubiera, sería necesario elaborar el correspondiente dictamen y proceder a su aprobación definitiva en Pleno.
