El grupo de personas trabajadoras y delegadas sindicales de la CIG en los Servicios de Ayuda en el Hogar (SAF) y en las residencias de mayores y centros de día privados que permanecían encerrados desde las 11:30 horas en los Concellos de Vigo, Lugo y Santiago de Compostela acordó levantar la medida de presión tras mantener el encierro durante ocho horas. La decisión se adoptó ante las advertencias de ser desalojadas en el momento de cerrar el acceso público a los consistorios y tras ser recibidas por las Alcaldías de Lugo y Compostela.
En la jornada de hoy, más allá de los cierres que se prolongaron hasta pasadas las siete de la tarde, trabajadoras de la comarca de Ferrolterra y de A Coruña hicieron concentraciones delante de las residencias de DomusVi de Ferrol y Emera (antigua Clece) de Bastiagueiro (Oleiros). Además, en Pontevedra a media tarde se hizo una movilización en el Concello que finalizó de manera simultánea a los cierres.
Con estas acciones, explica el secretario nacional de la CIG-Servizos, Carlos Alján, se da continuidad a las huelgas y movilizaciones que las trabajadoras de residencias privadas y centros de día y de los Servicios de Ayuda en el Hogar vienen realizando desde hace más de un año para reclamar la dignificación de sus condiciones laborales y salariales.
En este sentido, apunta que con estos encierros se busca poner la atención también en la responsabilidad de los Concellos, demandar su implicación activa en el conflicto y que intermedien ante las patronales, ya que son las administraciones a las que la Xunta derivó la prestación de la ayuda en el hogar y, en su mayoría, tienen externalizado el servicio con empresas privadas.
Recuerda el responsable sindical que los convenios colectivos de ambos sectores (de ámbito gallego) están sin actualizar y contemplan tablas salariales que en la mayoría de las categorías ya quedaron por debajo del SMI, además de establecer condiciones laborales y sociales de auténtica esclavitud. En el caso del SAF, para más abundar, el personal continúa sin contar con un protocolo de medidas de prevención y actuación ante situaciones de violencia, cuando ya pasaron más de cuatro meses después del asesinato de la compañera Teresa en O Porriño.
Alján acusa a las patronales de tener secuestrada la negociación colectiva, condenando a las trabajadoras a la precariedad y la pobreza, con un convenio caducado en residencias privadas desde 2023 y con un convenio de SAF totalmente desfasado que está sin actualizar desde el año 2012. Reitera que la CIG continuará luchando y realizando todas cuantas gestiones y acciones sean precisas hasta conseguir que las patronales se sienten en la mesa de negociación y que lo hagan con unas propuestas decentes para ambos convenios.
Pero también denuncia la “complicidad” de la conselleira de Política Social, Fabiola García, con esta situación, pues “a pesar de que la Xunta es la máxima responsable de los servicios de atención a las personas dependientes se niega a atender las justas demandas sociales”.
El secretario nacional de la CIG-Servizos incide en que los cuidados son un sector altamente feminizado, precarizado y que sufre unas elevadísimas tasas de parcialidad, lo que se traduce en salarios de miseria por realizar un trabajo esencial como es la atención a las personas. “La responsabilidad de este servicio que se paga con dinero público es de la Xunta, que deja en manos de empresas privadas su prestación, sin importarle ni las condiciones laborales ni la calidad de la atención que se ofrece a las personas usuarias”, denuncia.
Frente a esto, la CIG “continuará exigiendo que se escuche a las trabajadoras, que se mejoren sus condiciones laborales y que se ponga fin a la mercantilización de los cuidados”.
