La CIG se negó hoy a firmar el acuerdo de ERE y ERTE en el Centro Tecnológico de la Automoción de Galicia (CTAG) al contemplar despidos forzosos en caso de que no se alcance el número de adscripciones voluntarias. De manera que la decisión de rescindir hasta 96 contratos quedará en manos de la empresa en caso de que no se alcance el número de adscripciones voluntarias.
Desde la representación de la central sindical en la empresa lamentan que “tras semanas de negociaciones intensas, movilizaciones y esfuerzos por parte del cuadro de personal el ERE sigue contemplando salidas forzosas si no se cubren las voluntarias (fijadas en 96 personas), por lo que la decisión queda en manos de la dirección a través de un sistema de doble voluntariedad, en el que la empresa acepta o rechaza estas adscripciones”.
Asimismo, denuncian que el ERTE presentado, con un período de aplicación del 1 de diciembre de este año hasta el 31 de diciembre de 2026, “carece totalmente de garantías y se convierte en una medida de flexibilidad en manos de la compañía, ya que todas las decisiones quedan al arbitrio de la dirección; que incluso se reserva la capacidad de decidir de forma unilateral la afectación individual de las 80 jornadas de suspensión de contrato (a quién, en qué momento y cuándo y durante cuánto tiempo)”.
Por no hablar de que no se establece un reparto equitativo entre todo el cuadro de personal y, al mismo tiempo, se acuerda la posibilidad de una prórroga para 2027 en caso de que no se cumplan todas las jornadas de suspensión en 2026.
Tanto el ERE como el ERTE tienen como ámbito de afectación el centro de trabajo de Pontevedra, e incluye a todas las personas trabajadoras, a pesar de que la empresa tiene otros centros de trabajo en el Estado y las memorias justificativas se refieren a la situación global de la empresa. “La dirección tampoco quiso establecer ningún compromiso de mantenimiento del empleo en ninguno de los expedientes presentados”, censuran.
Otra cuestión que llevó a la CIG a rechazar el acuerdo tiene que ver con que los criterios de determinación de las personas afectadas no son ni objetivos ni verificables, pues la empresa no quiso concretar cuáles son las personas trabajadoras que están “por debajo de los costes de explotación” ni las que considera “menos productivas”, entre otros criterios generales (también sin concreción). Tampoco se incorporan medidas que ofrezcan seguridad o estabilidad al personal en este proceso.
Para finalizar, en la central sindical consideran especialmente grave que a lo largo de toda la negociación la dirección se negara a ejercer la más mínima autocrítica. “No reconoce errores de planificación, ni fallos de organización, ni responsabilidades en la situación creada”. Por el contrario, “vuelve a cargar en las espaldas del cuadro de personal las consecuencias de una mala gestión, de una deficiente organización interna y de decisiones empresariales impropias de un centro tecnológico de su dimensión, mientras insiste en medidas lesivas para el empleo y para la estabilidad de las familias que dependen de la empresa”.
Por lo que lamentan que las personas trabajadoras del CTAG tengan que pagar ahora las consecuencias de la “incompetencia directiva”. “La empresa rechaza introducir garantías, evita asumir responsabilidades y utiliza el ERE y el ERTE como herramientas de flexibilidad a su favor, en lugar de apostar por el diálogo real de buena fe, la planificación rigurosa y el compromiso de reestructurar CTAG y de cambiar sus políticas internas”, concluyen.
