La Fiscalía del área de Vigo, a través de su máximo responsable, viene de comunicar la apertura de diligencias de investigación penitenciaria sobre los incumplimientos de la normativa vigente por parte de la empresa concesionaria del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) de Ponteareas denunciados por la CIG ante la Inspección de Servicios Sociales. En el escrito firmado por el fiscal jefe se le requiere también al Gobierno local que haga entrega de la documentación y de los trámites seguidos tras los escritos remitidos por la representación sindical sobre irregularidades en la ejecución del contrato.
La decisión llega después de que la CIG le remitiera a la Fiscalía copia de la denuncia dirigida a la Inspección de Servicios Sociales, dependiente de la Secretaría Xeral Técnica de Política Social, por los incumplimientos de la empresa Óbolo y del propio Concello de Ponteareas, considerando que podría haberse cometido un delito de prevaricación administrativa por parte de la Administración local y del concejal responsable. Ya que a pesar de recibir denuncia hasta en dos ocasiones sobre la situación del SAF, la representación sindical no recibió contestación ni consta actuación administrativa alguna al respecto.
Desde la central valoran la iniciativa de la Fiscalía y recuerdan que el Gobierno local no actuó frente a las denuncias previas de las trabajadoras, “llegando incluso una vez convocada la huelga a negar que se estuvieran incumpliendo las condiciones esenciales del contrato”. Por lo que se negó a iniciar un expediente sancionador o de resolución de contrato, “utilizando a partir de ese momento incluso personal propio y proveedores del Concello para intentar corregir los incumplimientos (aportando programa informático, mobiliario, material higiénico, equipamiento de la residencia municipal, teléfonos móviles y ropa de trabajo)”.
De hecho, no llevó al pleno municipal la apertura de un expediente sancionador hasta el pasado 28 de octubre, casi tres meses después de tener constancia de los hechos y transcurridos ya 32 días de la huelga indefinida que a día de hoy mantiene el cuadro de personal.
Por todo esto, la CIG insta al Gobierno local a solucionar “de una vez por todas” una situación “de tal gravedad” que incluso Fiscalía considera oportuno la apertura de diligencias de investigación penitenciaria, insistiendo en la necesidad de proceder a la resolución del contrato con la actual concesionaria del SAF.
