El personal del sector gallego de la construcción mostró hoy su músculo y capacidad de lucha al paralizar todas las grandes obras (prácticamente el 100% de las públicas y un 70% de las privadas) en una jornada de huelga histórica para reclamar un marco gallego que blinde los convenios provinciales y permita avanzar en las condiciones y materias que a día de hoy están reservadas al convenio estatal. El éxito del paro de 24 horas convocado por la CIG se evidenció también en los numerosos piquetes informativos y en las concurridas manifestaciones que tuvieron lugar en las siete ciudades a mediodía, a pesar de los intentos de boicot de la patronal, que ayer mismo adelantó la reunión prevista para hoy y pactó con CCOO y UGT la subida salarial de 2025 y 2026 con la pretensión de desmovilizar el sector.
Con todo, desde la Federación de Construcción y Madera (FCM) de la CIG denuncian que el “pírrico” incremento de sueldos no permite recuperar la pérdida de poder adquisitivo acumulada, que superó el 2% en el período 2022-2024. “El personal demostró hoy que está cansado de que después de años de maltrato ahora que sale a la calle para dignificar sus condiciones vengan a última hora con limosnas para intentar callarnos la boca”, señala el secretario nacional de la FCM-CIG, Plácido Valencia.
Al mismo tiempo, recuerda que la cláusula de revisión salarial del convenio, “de la que se acuerdan precisamente ahora”, tenía que estar en nóminas desde enero de 2025, “y para colmo solo pagan la cuarta parte”. Además, el “negocio” del plan de pensiones sigue absorbiendo parte de estas subidas salariales. “Las personas trabajadoras del sector están hartas de que negocien por nosotros en Madrid, queremos mejorar nuestras condiciones y hacerlo desde aquí”.
Por eso la central sindical lleva más de un año intentando reunirse con el empresariado gallego y las respectivas asociaciones provinciales para abordar la posibilidad de avanzar en un marco regulador propio, tras la modificación legislativa que prioriza los convenios y acuerdos interprofesionales autonómicos sobre los estatales. “Ir a un marco gallego nos permitiría blindar los convenios provinciales frente a los ataques de la patronal estatal y dejar de estar bajo el yugo de la negociación en Madrid, que tiene reservadas la mayoría de las materias de negociación y que topa cualquier mejora que se pacte a nivel provincial”.
Con este objetivo, la central -como sindicato mayoritario en el sector en Galicia- se dirigió por escrito a las cuatro patronales provinciales y a la federación gallega, FEGACONS, “pero solo obtuvimos la callada por respuesta”. Una actitud obstruccionista que llevó a la FCM-CIG a iniciar un calendario de movilizaciones y a intentar buscar un acercamiento a través del Consejo Gallego de Relaciones Laborales. “Para nuestra sorpresa, la postura de la patronal fue vetar la presencia de la CIG-Construcción y de su secretario nacional en cualquier reunión para hablar de esta cuestión”, critica Valencia.
Considera esta actitud, que atribuye a una postura personal del presidente de FEGACONS, una muestra de desprecio hacia las miles de personas trabajadoras de la construcción representadas por la CIG que, “por una negativa irracional de la patronal, se ven abocadas a ir a la huelga para que sus demandas sean escuchadas y para defender el derecho a negociar aquí sus condiciones laborales”.
En consecuencia, optó por promover primero distintas movilizaciones y posteriormente una jornada de huelga, la primera convocada en el sector desde hace medio siglo, y la respuesta del conjunto del personal fue contundente. “Se paralizó casi al 100% la obra pública, y alrededor de un 70% la privada; la jornada fue un éxito, y quedó claro que las personas trabajadoras de la construcción gallega están preparadas para continuar con la lucha en la defensa de sus derechos y por la mejora de sus condiciones laborales”.
Superar las limitaciones del convenio estatal
La CIG insiste en que avanzar en un acuerdo gallego permitiría mejorar las condiciones de trabajo, superar las limitaciones que impone la negociación del convenio estatal en Madrid y hacer más atractivo un sector “en el que día sí y día también, el empresariado se queja de la falta de mano de obra”. Pero también sería positivo para la propia patronal, ya que la negociación de las condiciones laborales “no vendrían impuestas desde Madrid y podrían ser las más adecuadas al marco territorial de aplicación”.
De hecho, el propio empresariado se queja en las comisiones de negociación provinciales de las imposiciones pactadas en Madrid que son de obligatoria aplicación, como los planes privados de pensiones en la construcción, o la existencia misma de la Fundación Laboral de la Construcción.
Además, un marco gallego reforzaría la seguridad jurídica de la negociación provincial, al evitar lo que aconteció con el convenio de la construcción de Pontevedra o con el de pintura de A Coruña, que una vez publicados fueron impugnados por la patronal estatal por recoger mejoras por encima del marco estatal.
