La séptima jornada de huelga convocada por la CIG desde septiembre en el sector de cuidados (residencias de mayores y centros de día privados y Servicios de Ayuda en el Hogar) está teniendo de nuevo un importante seguimiento, como así lo evidencian las movilizaciones que tuvieron lugar a mediodía en nueve localidades del país. Por otra parte, una representación de la central participó hoy en la reunión de la mesa de trabajo encargada de elaborar un protocolo de protección para el personal de los SAF, en la que se evidenció que el presidente de la Xunta intentó “vender” la existencia de un protocolo “que en realidad es solo un esquema de trabajo”.
Con esta lucha las personas trabajadoras del sector están reclamando convenios colectivos que dignifiquen las condiciones de trabajo y garanticen una atención de calidad, tal y como recuerdan desde la CIG-Servizos, al tiempo que denuncian la parálisis de la negociación por parte de unas patronales que se niegan a sentarse y con la “complicidad” de la conselleira de Política Social, Fabiola García, “a pesar de que la Xunta es la máxima responsable de los servicios de atención a las personas dependientes”. Hasta el punto de que el SAF lleva desde 2012 sin convenio y las residencias desde 2023, por lo que el personal del sector padece condiciones de precariedad y bajos salarios desde hace años.
Una precariedad que se va a perpetuar teniendo en cuenta el proyecto de presupuestos autonómicos para 2026 que se viene de conocer, “ya que no se incrementan lo necesario para dotar de condiciones dignas el sector”. Además, se trata de partidas presupuestarias no cerradas, por lo que en cualquier momento se pueden mover cuantías millonarias para otros servicios, “como aconteció recientemente en la partida destinada a los SAF, de la que la Xunta detrajo 17 millones de euros”.
En consecuencia, la central sindical seguirá apoyando las “justas reivindicaciones” de las miles de empleadas del sector, que continuarán luchando por sus derechos laborales ante la “inacción” y la “falta de voluntad política” para dignificar el sector de la dependencia y la atención domiciliaria. “Seguiremos exigiendo que se escuche al personal, que se mejoren las condiciones laborales y que se ponga fin a la mercantilización de los cuidados”.
Pero también para reclamar un Sistema Público Gallego de Servicios de Atención a las Personas que integre los centros asistenciales y residenciales de la tercera edad; centros de día; centros de atención a la diversidad; Servicios de Ayuda en el Hogar; y otros recursos como Casas Nido, Casas del/la Mayor, Xantar na Casa o Transporte Adaptado. “Servicios que tienen que estar dotados suficientemente tanto de infraestructuras y material como de recursos humanos y en los que se dignifiquen las condiciones laborales y salariales del personal, mayoritariamente mujeres, con la aplicación del mismo convenio”.
El supuesto protocolo presentado por el presidente de la Xunta “es solo un esquema de trabajo”
Por otra parte, hoy se celebró finalmente la reunión de la mesa de trabajo para la elaboración de un protocolo de protección para el personal de los SAF, convocada por la Federación Gallega de Municipios y Provincias (FEGAMP) tras la solicitud de la CIG. En el encuentro que tuvo lugar en Compostela el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Galicia (ISSGA) presentó el documento como un “esqueleto” de protocolo para que se “llenara” con las propuestas de las personas con más conocimiento del sector y por las organizaciones sindicales, “lo que deja totalmente en evidencia el anuncio del presidente de la Xunta, que se apropió de un documento del ISGGA para venderlo como un protocolo, cuando ni siquiera existe porque se trata solo de un esquema de trabajo”, tal y como denuncia la representación de la CIG que participó en la reunión.
Además, la Administración autonómica sigue siendo la gran ausente de la mesa de trabajo, ya que se limita a enviar a la directora xeral de Inspección de Servicios Sociales, “una persona con un discurso absolutamente reaccionario que no entiende el SAF como un servicio profesionalizado, sino que parece que el personal tiene que atenerse a lo que se encuentre en los domicilios y a lo que se le mande, priorizando la atención y las personas usuarias”. Por lo que en la central consideran “muy difícil” que se pueda contar con un protocolo eficaz sin el compromiso de la Xunta de acometer los cambios normativos necesarios para garantizar que las medidas que se incluyan en el documento se hagan efectivas.
Tampoco se concretan las medidas a adoptar en materia de protección, salvo suspensiones de los servicios o rotaciones, en cuyo caso no se garantizan los derechos de las personas trabajadoras al no establecer que esas suspensiones de los servicios o rotaciones no supongan reducciones de la jornada de trabajo o de los salarios para las afectadas. “Porque las medidas que proponen a día de hoy son esas, que las personas trabajadoras dejen de prestar el servicio y que pierdan horas de trabajo y por lo tanto ingresos”.
Y para finalizar, consideran que el protocolo no puede ser efectivo en las actuales circunstancias porque no se dota de recursos para su aplicación, “ni se traslada la obligatoriedad de incorporarlos a los pliegos de contratación del servicio o a los Concellos”.
