La seguridad privada gallega está en alerta en los últimos días tras la ola de agresiones que se está registrando en el sector, hasta el punto de que “se está convirtiendo en una profesión de alto riesgo mal remunerada”, tal y como señalan desde la CIG tras la agresión sufrida ayer por un vigilante en el Centro Comercial Vialia de Vigo. En este sentido, denuncian la falta de medidas de autoprotección y la elevada precariedad laboral que padecen la gran mayoría del personal de un sector en el que la prioridad económica de las empresas y de los clientes se imponen sobre la protección de las personas trabajadores y usuarias.
Un vigilante de seguridad de la empresa Prosegur que presta servicio en el Vialia fue agredido este domingo por una persona en aparente estado de intoxicación o síndrome de abstinencia, provocándole lesiones y mordeduras, lo que incrementa el riesgo sanitario para el trabajador. Tanto él como sus compañeros del centro comercial tienen que afrontar todo tipo de incidencias (agresiones, actos vandálicos e incluso asistencia a las muertes que se produjeron desde la inauguración del HALO), que son resueltas gracias a su profesionalidad, “a pesar de lo que supone para su propia salud física y mental”, tal y como señala Benito L. Pazos, delegado de la CIG en el comité de empresa de Prosegur.
Para el representante sindical, lo sucedido pone de relieve las carencias en las condiciones de trabajo del personal de seguridad privada, que denuncia la falta de medios de autoprotección, escasez de efectivos y ausencia de respaldo por parte de la empresa y del cliente. “En el caso de Vialia solo había un vigilante para toda la galería comercial y otro en el control de cámaras, a pesar de tratarse de un centro comercial que se integra con las estaciones de tren y de autobuses y que recibe millares de personas cada día”. Además, recuerda que Prosegur no entregó aún los chalecos anticorte comprometidos, por lo que muchos vigilantes tienen que comprar su propio equipamiento. “No se puede garantizar la seguridad de miles de personas con tan pocos medios. Ya no solo es un riesgo para nosotros, también para el público”, sostienen desde el sector.
Al mismo tiempo, inciden en que la agresión de Vigo no es un caso aislado. Recientemente, un vigilante de la Catedral de Santiago resultó herido tras ser agredido por un hombre que se negaba a abandonar el templo, en un contexto de tensión tras ser acusado de acoso por una mujer. En Vigo, otro vigilante fue agredido en un supermercado al sorprender a un individuo robando, causándole lesiones y obligando a la intervención policial. En el CHUAC de A Coruña un paciente atacó con un arma blanca a un enfermero y a un vigilante, provocando heridas graves “y generando una fuerte indignación entre el personal sanitario, que reclama más medios y protocolos de protección”. Y en el Hospital Provincial de Pontevedra la CIG puso de manifiesto la falta de personal tras una agresión a un vigilante por parte de un paciente psiquiátrico, que le causó traumatismos y la rotura de varias piezas dentales.
Tendencia a la reducción de personal
En este contexto, la central sindical denuncia la tendencia general a la reducción de personal en centros comerciales y grandes superficies. En lugares como el Centro Comercial Nasas de Nigrán, las horas de vigilancia presencial se redujeron solo a una presencia testimonial, siendo sustituida la figura del vigilante de seguridad por auxiliares de servicio en 2023. “En clientes como Vegalsa-Eroski, en los centros de trabajo de Vigo en los que la figura del vigilante no pasó a ser directamente un auxiliar de servicio, la vigilancia se hace con apenas un par de motos itinerantes por toda la ciudad, por no hablar de los Mercadona, en los que hasta hay casos en el que un solo vigilante cubre varias tiendas”.
Y hoy mismo, en las tiendas de Zara en Vigo, Vilagarcía y Pontevedra los turnos presenciales también se reducen a la mitad,” a pesar del alto nivel de incidencias y juicios que por motivos de su trabajo afronta el personal”.
Bajos salarios y jornadas excesivas
El responsable de seguridad privada de la CIG-Servizos, Pedro Pérez, recuerda que durante la pandemia el personal del sector fue considerado esencial, “pero lleva décadas sometido a convenios vergonzosos, salarios bajos y jornadas excesivas y padeciendo una falta absoluta de medios y medidas de protección que garanticen su seguridad laboral”.
Indica en este sentido que la CIG ha interpuesto varias demandas por incumplimientos en materia de salud laboral y de prevención de riesgos, al tiempo que le reclama al Ministerio del Interior y al Departamento de Seguridad Privada de la Policía Nacional una revisión de los servicios contratados para garantizar que se cumpla la normativa en materia de personal mínimo, equipamiento y prevención de riesgos laborales.
“Mientras no se valore la función de estas personas y se les dote de medios, y mientras sigan anteponiendo los beneficios sobre la seguridad de las personas trabajadoras y usuarias, seguirán ocurriendo agresiones como estas o peores”, finalizan desde la central sindical.
