El secretario general de la CIG, Paulo Carril, que hoy compareció ante los medios de comunicación junto a las trabajadoras del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) de Ponteareas, anunció que la central sindical va a llevar “hasta las últimas consecuencias” la lucha para mejorar las condiciones de trabajo del personal que presta este servicio municipal. El máximo responsable de la central, que pasó la noche en el interior del Concello con las empleadas del SAF y con otros representantes sindicales para exigir la rescisión del contrato con la empresa concesionaria, instó al Gobierno local a garantizar unas condiciones laborales y de atención dignas en el SAF.
Las declaraciones de Carril se produjeron a las 10:30 horas, nada más abandonar el encierro iniciado ayer coincidiendo con la celebración del pleno municipal en el que se aprobó la apertura de un expediente sancionador a Óbolo, la empresa concesionaria, tras constatarse numerosas irregularidades, pero en el que no se abordó la rescisión de contrato que vienen reclamando las afectadas desde agosto.
“Lo que sucedió en el pleno fue la constatación del grado de crueldad y de insensibilidad con la que actúa el Partido Popular, gobierne donde gobierne, al querer imponer un sistema cada vez más precarizador y esclavizador con las trabajadoras del SAF, y por lo tanto un peor servicio público para las personas usuarias”, denunció el secretario general de la CIG.
Y criticó que para el PP sigue siendo una “oportunidad de negocio” tener la atención a la dependencia y los cuidados en manos privadas, “sin importarle que se denigre y se maltrate a las mujeres trabajadoras que prestan el servicio y teniendo pitbulls como esta alcaldesa para garantizar ese sistema; pero nosotros estamos para romper con eso, y nos va la dignidad en esta lucha”. Una lucha además que -recordó- se está dando en un contexto de huelgas y de movilizaciones del personal del sector de cuidados (residencias de mayores y centros de día privados y SAF) para reclamar unos convenios colectivos dignos.
Al mismo tiempo, hizo hincapié en que con la participación de los máximos responsables sindicales -junto al secretario general estaban también el secretario nacional de la CIG-Servizos, Carlos Alján, y el secretario comarcal de la CIG de Vigo, Alberto Gonçalves, además de otros representantes de la central- la CIG quiere lanzar un mensaje muy claro: está dispuesta a llevar hasta las últimas consecuencias la resistencia en este conflicto para conseguir el principal objetivo, la mejora de las condiciones de trabajo del personal del SAF, que en una “lucha heroica” están dignificando su profesión y a trasladar esa dignidad al conjunto de la sociedad; de hecho, nunca antes tuvo tanta dignidad este salón de plenos como con lo sucedido esta noche con este cierre”.
Criminalización de la lucha
Carril insistió en que el Concello tiene que hacer valer su responsabilidad y extinguir el contrato con la empresa para garantizar un servicio público en condiciones dignas para las personas usuarias y para unas trabajadoras “que llevan 34 días en huelga y van a estar todos los que hagan falta, porque para nosotros resistir es vencer”.
En este sentido, acusó al Gobierno local de “temeridad” al mantener un servicio con unos precios de licitación que son incompatibles con unas condiciones laborales dignas. “La única explicación que tiene que no rescindan el contrato es el modelo en el que cree el PP; y que para defenderlo están intentando criminalizar la justa lucha de las trabajadoras con todo tipo de intoxicaciones, cuando el único sentido que tiene esta lucha es mejorar las condiciones de trabajo para poder prestar un servicio de calidad”.
Con todo, considera que en el pleno de ayer ya se visualizó que la “prepotencia” que caracterizó a los responsables municipales hasta ahora “va yendo a menos, por lo que claro está que la capacidad de resistencia de las trabajadoras está afectándoles”.
Además de la “obsesión” del PP por mantener un sistema “precarizador y esclavizante” que permita lucrarse económicamente a las empresas privadas que gestionan estos servicios sociales, Carril apuntó la posibilidad de que existan “intereses de otro tipo”. En este sentido, citó las informaciones que relacionan al máximo responsable de la empresa concesionaria del SAF de Ponteareas con familiares de ex cargos del Partido Popular en la provincia de Huelva. “Ya sabemos que donde hay negocio y donde hay corrupción suele estar el PP, que es especialista”.
